El PP pide mantener las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias

La propuesta cuenta con dos artículos, una Disposición Derogatoria única y dos Disposiciones Finales. En opinión del PP, la situación de los funcionarios de prisiones se ha visto afectada de forma negativa con la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, por la extinción de las escalas femenina y masculina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Así, la iniciativa señala que no se puede realizar una aplicación generalizada de la Ley de Igualdad en el ámbito de las prisiones y que la separación de funcionarios en una escala femenina y masculina no es una discriminación, sino la consecuencia de un criterio de organización del trabajo adecuado y necesario por la especial naturaleza de las funciones y tareas a desempeñar por este colectivo en un entorno tan específico.

Además, después de la publicación del Decreto 1836/2008, de 8 de noviembre, sobre criterios para la integración de las escalas masculina y femenina, los derechos de las funcionarias de la Escala Femenina se han visto vulnerados en múltiples ocasiones y así ha sido denunciado.

En este sentido, el PP advierte que las funcionarias pueden trabajar ahora en módulos de hombres, y los funcionarios en los de mujeres y que las trabajadoras sufren más vejaciones por parte de los internos, debiendo efectuar a solas las rondas o recuentos nocturnos, encontrándose entre celdas con amenazas, insinuaciones y hasta acoso sexual.

Alcalá Meco

Por otra parte, la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, ha permitido que los funcionarios hombres tengan una mayor presencia en las cárceles de mujeres. En este sentido, el PP recuerda que esto puede dar lugar a conductas como las sucedidas recientemente en la cárcel de Alcalá Meco, donde se han denunciado abusos y relaciones sexuales entre presas y funcionarios.

Sin embargo, el 23 de junio de 2009 el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa del grupo Popular en la que se instaba al Gobierno a presentar, en el plazo de tres meses, un balance de la aplicación de la Ley que determinara las distorsiones que la misma ha producido y se abriera un diálogo entre la secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias y los representantes de las mujeres de las afectadas con el fin de resolver estos problemas.

Al no haber cumplido el Gobierno el mandato de la Cámara, los problemas no sólo no desaparecen sino que se siguen produciendo.

Por último, los populares afirman en su Proposición de Ley que, al igual que a nadie se le ha ocurrido que en la aplicación de la Ley de Igualdad haya que ir hacia las cárceles mixtas, no hay razón discriminatoria alguna que justifique someter a los funcionarios de las escalas femeninas y masculinas a un proceso de integración que les perjudica a ellos y a los reclusos y, en general, somete al sistema penitenciario a unas tensiones absolutamente innecesarias.