El PP pide el IVA reducido en honorarios de abogados, procuradores y graduados sociales

El PP ha solicitado el IVA reducido al 10 por ciento para abogados, procuradores y graduados sociales, a través de una moción presentada en la Comisión de Hacienda del Senado, que han defendido la senadora, Salomé Pradas y el senador, Fernando de Rosa; y que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE.

Para la senadora Pradas, secretaria general del GPP, “estos profesionales ejercen una actividad esencial, pilar básico en un Estado de Derecho, como es la representación de los intereses legítimos de los españoles ante los tribunales”, reconocida en el art. 24 de la Constitución.

Para el PP, el tipo del 21 por ciento que grava las minutas de abogados, procuradores y graduados sociales “menoscaba la tutela judicial efectiva, mientras que la aplicación del 10 por ciento, facilitaría el acceso a la justicia en iguales condiciones y permitiría que todas las partes del proceso tuviesen igualdad de oportunidades procesales”, según asegura la senadora Pradas.

La secretaria general del GPP ha explicado las carencias, en relación a la igualdad de oportunidades, que tiene ahora el ciudadano; por ejemplo, en las empresas, que pueden desgravarse la base imponible de la minuta como gasto, al tratarse de sujetos pasivos; y el ciudadano, como persona física no puede hacerlo, “esto provoca un desequilibrio cuando mercantiles y ciudadanos se enfrentan en los tribunales”, y se reproduce en el paso posterior, cuando se dicta sentencia en un proceso, en el caso de una condena en costas.

Para la senadora por Castellón esto deriva en el hecho que, muchas personas desisten de entablar demanda o presentar denuncia, “es ahí donde se produce la quiebra de igualdad de las partes y la quiebra del Estado de Derecho, porque se cercena un derecho fundamental como es el de defensa”, asegura Salomé Pradas. Además, ha recordado que esta petición cobra aún más importancia si tenemos en cuenta la situación generada por la Covid19.

DEMANDA HISTÓRICA

Por su parte, el senador Fernando de Rosa, durante el turno e portavoces, ha afirmado que “la regulación del IVA, en la prestación de servicios jurídicos, trasciende cuestiones puramente económicas y/o presupuestarias, puesto que “afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía y, especialmente, a la garantía de un efectivo acceso a la justicia”.

Según Fernando de Rosa, “se trata de un tipo de servicio que requieren los ciudadanos, que se ven obligados a contratar, precisamente para defender sus derechos”; y ha asegurado que cumple con los dos requisitos técnicos para poder justificar unos tipos reducidos: que la reducción del tipo se traslade al consumidor a través del precio final y, que afecte al interés general.

“Estamos ante una demanda histórica de la abogacía europea que, ahora en la actual situación, generada por la Covid19, hay que reclamar con más insistencia”, ha concluido De Rosa.