PP pide a la CE que vigile la legalidad y las consecuencias del traspaso de competencias de migración a Cataluña

El Partido Popular ha remitido a la Comisión Europea el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts para el traspaso de competencias en materia de inmigración, seguridad y control de fronteras con el fin de que el Ejecutivo comunitario vele por el correcto cumplimiento del Estado de Derecho e impida un deterioro de la seguridad de las fronteras de la Unión.

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, junto con el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, recalcó que la política migratoria no puede ser utilizada de moneda de cambio para las necesidades torticeras del presidente Sánchez.

“La inmigración es un asunto de trascendencia europea. Fragmentar la gestión de fronteras y la concesión de residencia puede comprometer gravemente la seguridad y el control migratorio en el espacio Schengen. No podemos tolerar que los antojos de las fuerzas independentistas primen en un ámbito tan sensible que puede afectar a toda Europa”, manifestó.

El PP quiere que la Comisión Europea vele por el estricto cumplimiento del Derecho de la UE y garantice que ninguna cesión de competencias vulnere las normas comunitarias. Además, la Comisión debe evaluar si la transferencia de estas funciones podría generar disfunciones en la coordinación de Europol y Frontex, afectando la eficacia de la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

ACUERDO INÉDITO 

Para Juan Ignacio Zoido, este acuerdo es “una nueva factura por los siete votos de la investidura, los siete votos más caros de Europa” por ser un pacto “inédito en la historia moderna de Europa. En este sentido, el exministro del Interior asegura que “como no han podido sacar a Cataluña de España, ahora pretenden sacar a España de Cataluña”. Tanto es así que Puigdemont ha celebrado el pacto asegurando que ejercerán una competencia “que solo tienen los Estados”.

El acuerdo entre PSOE y Junts contempla que la Generalitat participe en el control de la seguridad de puertos, aeropuertos y “zonas críticas”, así como en la gestión de las autorizaciones de estancia para personas migrantes y la expedición de documentos para extranjeros.

La política de inmigración constituye una competencia “compartida” entre la Unión Europea y los Estados, regulada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Acervo de Schengen, con normativas vinculantes, lo que obliga a un cumplimiento estricto de ciertas normas.

Además, se plantean dudas sobre cómo se relacionaría la Unión Europea con el gobierno regional para las labores de coordinación policial que se desarrolla en agencias como Europol o Frontex.