La portavoz de Servicios Sociales del GPP, Carmen Navarro, ha ofrecido “la experiencia y el rigor” del trabajo de los Gobiernos populares en Dependencia para, desde el diálogo, buscar un consenso entre todos los grupos y con las Comunidades Autónomas sobre esta materia.
Para ello, la portavoz popular ha avanzado el voto favorable del GPP a la ILP de la modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
De esta manera, Carmen Navarro ha trasladado el apoyo total y absoluto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), principal impulsor de la iniciativa, de igual forma que se está trabajando en favor de otras de sus propuestas, como la correspondiente al derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente, a la mejora del acceso de las mujeres con discapacidad a la maternidad o que conozca de los conflictos en materia de dependencia la jurisdicción social.
En su intervención durante el debate de esta Iniciativa Legislativa Popular en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso, la portavoz del GPP ha remarcado que “al PP le preocupa la dependencia, pero los dependientes de hoy y de mañana, no lo hace pensando en las próximas elecciones”, por lo que ha reclamado a los grupos parlamentarios que hagan lo mismo y no utilicen este asunto de manera partidista.
“Buena prueba de ello –ha aseverado- es que ya está trabajando el Comité de Análisis de la situación de la dependencia que se formó a raíz de la última Conferencia de Presidentes Autonómicos con el objetivo para alcanzar un gran acuerdo en esta materia, que tiene que emitir un informe sobre ello en tres meses”.
LA GESTIÓN DEL PSOE COLAPSÓ EL SISTEMA
“Esta Ley lleva en marcha varias legislaturas con Gobiernos del PSOE y del PP”, ha subrayado Carmen Navarro, quien ha destacado que “en 2011, lo que se encontró Mariano Rajoy cuando llegó a La Moncloa, por la gestión del anterior Ejecutivo socialista de Zapatero, fue un sistema colapsado y desigual que daba lugar a una radiografía preocupante”.
Según ha explicado la portavoz popular, el estado en el que había dejado el sistema el PSOE ofrecía como resultados: “más de 306.000 personas en lista de espera para recibir la prestación y más de 1.034 millones de euros contraídos con la tesorería de la Seguridad Social porque no pagaron las cotizaciones de los cuidadores no profesionales”.
Por ello, la portavoz del GPP ha señalado que “el Gobierno de Rajoy inició una serie de reformas, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Territorial, para superar estas deficiencias, como fue priorizar los servicios profesionales”.
“Gracias a ello –ha destacado- se ha reducido la lista de espera en un 50% y se han aportado 16.000 millones de euros en la última legislatura, 4.668 millones más de lo que aportó el Gobierno de Zapatero”.
A pesar de ello, como este sistema se financia entre el Estado y las Autonomías a partes iguales, “existen diferencias en la lista de espera entre las Comunidades”. En este sentido, ha concluido que “en Andalucía, la lista de espera es de más de 200 días para tener la prestación reconocida”.