El Grupo Parlamentario Popular ha sacado hoy por unanimidad en el Pleno del Congreso su Proposición no de Ley para que los parados cobren el desempleo a primeros de mes en lugar de cómo venía sucediendo en la actualidad, percibiendo todos ellos la prestación entre los días 10 y 15 de cada mes
El diputado José María Ponce, que defendió la iniciativa durante la celebración del Pleno, se mostró "muy satisfecho" de su aprobación si bien exigió que la ejecución de dicha propuesta "se produzca lo antes posible para que esos desempleados dejen de pagar intereses bancarios por la demora de estar en números rojos en sus cuentas corrientes".
Al término del Pleno, el parlamentario canario recordó cómo esa iniciativa viene a ratificar "que los días 10 y 15, que es cuando se hacía el pago de las prestaciones sociales, estaban creando problemas de intereses bancarios a todos los desempleados de toda España". La aprobación de la Proposición no de Ley permitirá así acortar los plazos de manera que el pago se haga a primeros de mes.
El Pleno del Congreso aprobó igualmente por unanimidad pedir al Gobierno la remisión de la documentación existente sobre la venta de las entidades públicas estatales Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y Loterías y Apuestas del Estado (LAE), dentro de la Moción presentada por el Grupo Popular y que defendió el portavoz adjunto de Economía del GPP, Álvaro Nadal.
De igual modo, aprobó por unanimidad instar al Gobierno a que garantice que la entrada de capital privado en las empresas públicas cumple los criterios de que "se rija únicamente por criterios de eficiencia en la gestión; que dé como resultado un mayor excedente para los consumidores en términos de menores precios y mejores servicios; que conduzca a mayores niveles de competencia en el sector o que genere externalidades positivas en el resto de sectores de la economía".
También que esa entrada de capital privado "vaya acompañada de medidas liberalizadoras de forma que las situaciones de monopolio público pasen a convertirse en agentes privados competitivos y no en monopolios privados; que se lleve a cabo de forma transparente, salvaguardando los intereses de todos los españoles, por ejemplo con procedimientos competitivos como las OPVs y que contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, a mejorar la competitividad y la productividad de la economía española y al crecimiento económico".