La diputada del PP por Granada Blanca Fernández-Capel defendió la Proposición no de Ley y en su intervención aseguró que, tras el Decreto 1836/2008 de 8 de noviembre sobre los criterios para la integración de la escala masculina y femenina, los derechos de las trabajadoras, según denuncian las propias funcionarias, "se han visto vulnerados".
A su juicio, la situación de las prisiones españolas "no es idílica" ya que la masificación "es terrible" y la conflictividad de los módulos de internos varones es muy superior a la de los de las mujeres. En ese sentido, subrayó que los diferentes problemas de un colectivo en el que un 75 por ciento son personas con trastornos de todo tipo "pondrían en riesgo la seguridad física de las funcionarias en algunos casos, al margen de otro tipo de agresiones que se producen en las prisiones".
Por eso, Fernández-Capel incidió en que "no es adecuado" que las funcionarias puedan pasar a los módulos de internos en las condiciones en las que accedieron a este Cuerpo.
En este sentido, la diputada popular recordó que hay una sentencia a favor de CCOO contra la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias que establece "que la adscripción a tareas de vigilancia de internos sin la exigida separación de sexos, supone un atentado a la intimidad de los reclusos y reclusas y una vulneración del estatuto funcionarial al adscribirles funciones que no les corresponde".
Asimismo, señaló que la Ley Orgánica Penitenciaria recoge la separación de internos por sexo, edad, antecedentes y exigencias del tratamiento entre otras consideraciones que "no suponen una discriminación sino una necesidad de trabajo"
Basado en esto, según manifestó la diputada popular en su discurso, las funcionarias de la escala femenina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias "desean en un alto porcentaje mantener el estatus jurídico del que gozaban en el momento de acceso a dichas plazas y cuyas condiciones se les exigían en el momento de su oposición".
También argumentó que la Ley 30/84 reguladora de las medidas para la reforma de la Función Pública dispone de una clasificación de los funcionarios según las funciones que se puedan desempeñar en cada puesto.
El Grupo Popular aceptó la enmienda de CIU por la que se insta al Ejecutivo a que mediante un proceso de diálogo entre Instituciones Penitenciarias, los sindicatos y los representantes de los afectados y afectadas se busquen fórmulas para, centro a centro, evitar la problemática que se pudiera producir en este proceso de transición. Asimismo, insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses presente en el Congreso un balance la aplicación de la Ley de Igualdad en el proceso de unificación de escalas y las distorsiones que se hayan podido producir.
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