La portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Beatriz Escudero, lamentó hoy que el resto de los Grupos de la Cámara Alta no hayan apoyado una moción del Partido Popular para que el Gobierno acabe con las duplicidades que existen en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
La portavoz popular aseguró que las "serias dificultades económicas por las que está pasando España requieren racionalizar el gasto público, sumar esfuerzos entre las distintas Administraciones y suprimir las duplicidades". En su opinión, "es la única manera de lograr ahorrar y obtener mejores resultados con menos recursos".
Durante su intervención en el pleno, Beatriz Escudero defendió la necesidad de "avanzar en la cooperación entre las Comunidades Autónomas para conseguir procedimientos más simples y flexibles, reducir las cargas administrativas y simplificar los trámites".
Así, la senadora del Partido Popular resaltó que "España debe orientar el desarrollo autonómico hacia nuevas formas de actuación que permitan aprovechar mejor las capacidades y sinergias de todas las Comunidades, eliminando para ello los obstáculos, duplicidades y cargas injustificadas que existen hoy en día".
Austeridad en el gasto público
Ante la situación económica que vive nuestro país, Escudero reclamó "austeridad en el gasto público y en la gestión pública, así como una mayor eficacia en la gestión de las Administraciones que permita compartir costes y aprovechar al máximo sus recursos".
Asimismo, la portavoz del Grupo Popular afirmó que España debe profundizar en el proceso de reducción de cargas administrativas, coordinando las actuaciones entre todas las Administraciones Públicas, "porque no puede seguir soportando que se sigan solapando las inversiones para el desarrollo industrial y empresarial".
"España no soporta más -denunció- que las Comunidades Autónomas no tengan un techo de gasto para cada ejercicio. Necesitamos ahorrar dinero público a través de la concertación y la contratación conjunta de servicios públicos, así como racionalizar el gasto público promoviendo la cooperación entre los distintos organismos análogos que existen en las distintas Comunidades Autónomas".
La moción del PP, además de defender la eliminación de las duplicidades entre las distintas Administraciones Públicas, promover la cooperación entre ellas y establecer límites de gasto, instaba al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
• Tomar las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las CC.AA. y las Entidades Locales, para garantizar el principio de unidad de mercado y favorecer la competitividad de nuestra economía.
• Impulsar la labor de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con el fin de que pueda servir con eficacia a los fines que tiene legalmente encomendados.
• Reducir en un 50% el personal eventual dependiente de la Administración General del Estado, de forma coherente con la austeridad exigida por las actuales obligaciones de ajuste fiscal.
• Poner en marcha una reestructuración del sector público empresarial y fundacional estatal acorde con las exigencias de austeridad presupuestaria, promoviéndola también en el conjunto de las AA.PP., e iniciar las modificaciones legislativas precisas para mejorar la transparencia de su funcionamiento y evitar su uso como mecanismo de endeudamiento extra presupuestario.
• Emprender las reformas legislativas necesarias para permitir que las administraciones autonómicas y locales puedan, en su caso, proceder a la privatización de las televisiones públicas que sean de su titularidad.
• Dar cumplimiento a las mociones aprobadas por esta Cámara en las que se instaba a impulsar la reforma de la financiación local, en paralelo con la definición legal clara de las competencias propias de las Entidades Locales.
• Tener en cuenta las funciones que el Senado tiene atribuidas en materia de promoción y seguimiento de la cooperación y coordinación entre las diversas Administraciones Públicas, en especial las que residen en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y celebrar con periodicidad anual un debate sobre el estado de las Autonomías, obligación incumplida por el Gobierno desde hace más de cinco años.