El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno del Congreso, relativa a la mejora de la calidad normativa y a simplificar y revisar los impactos de dicha legislación como una herramienta esencial para mejorar la competitividad.
En concreto, el PP insta a mejorar la calidad de las memorias de análisis de impacto normativo, haciendo hincapié en la necesidad y oportunidad de las normas proyectadas y en aquellos aspectos de la memoria económica, más allá del coste presupuestario, que inciden en la productividad y en la competitividad cuantificando los impactos con suficiente grado de detalle para poder estimar realmente los efectos directos de la norma en la economía.
Además, la iniciativa del Grupo Popular contempla la posibilidad de establecer la necesidad de que los órganos de Defensa de la Competencia informen con carácter preceptivo todas las iniciativas legislativas del Gobierno que tengan carácter o incidencia económica. Los informes formarán parte de la documentación que se remita al Congreso de los Diputados acompañando al Proyecto de Ley.
Igualmente, el PP insta a evitar legislar a través de Disposiciones Adicionales y Finales objetos ajenos a la norma y ampliar los mecanismos para dar participación a la sociedad civil en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, incrementando los supuestos en los que dicha participación es preceptiva.
Asimismo, señala impulsar y ampliar el Plan de Reducción de Cargas Administrativas acelerando el cumplimiento del objetivo de reducción del 30% de las cargas administrativas derivadas de la normativa española antes de 2012.
Por último, el PP propone que, a tal efecto, el Gobierno comparecerá semestralmente en el Congreso de los Diputados para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y para avanzar nuevas propuestas de simplificación y reducción de cargas administrativas.
En opinión de los populares, simplificar los trámites administrativos facilita la creación de empresas y, por tanto, promueve la competencia y la productividad. Trámites sencillos y normas claras reducen los costes y fortalecen la capacidad de la economía para crear nuevos empleos y además son un incentivo para la mejora de la transparencia.