La norma, que fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, ha sido el centro de una reunión presidida esta tarde por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la sede central de Génova.
La cita ha servido para explicar el impacto de esta norma a los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y a los portavoces del ramo en Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco. Igualmente, han asistido a la reunión los portavoces de Vivienda en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Teodoro García Egea y Jaime Mateu Isturiz, respectivamente.
Precisamente, Teodoro García ha explicado al término de la reunión que el nuevo Proyecto de Ley que afecta al mercado del alquiler en España "hace prevalecer la libertad de las partes en el acuerdo de arrendamiento", y ha considerado "fundamental" que "se impliquen todos los agentes con competencias en materia de vivienda para conseguir la mejor Ley en este sentido, el mejor resultado posible".
Según ha señalado el portavoz de la Cámara Baja, "estamos aquí para explicar los trámites parlamentarios del Proyecto de Ley y poder recibir las aportaciones de los agentes implicados, de cara a una nueva legislación que pretende flexibilizar el mercado de alquiler, fomentar la ocupación de viviendas vacías y dotar de mayor libertad y seguridad jurídica a inquilinos y propietarios".
Como principales novedades, el proyecto de Ley introduce medidas como una mayor facilidad del arrendador para recuperar la vivienda a partir del primer año o que el inquilino pueda abandonar la vivienda sin penalización económica avisando con un mes de antelación. También permite la posibilidad de que se aplique al pago de la renta las mejoras o reformas acordadas y realizadas por el inquilino.
Teodoro García ha subrayado que los diversos análisis de la situación actual en España muestran que el "mercado del alquiler en nuestro país no constituye hoy una alternativa eficaz al mercado de la propiedad", razón por la que ha creído necesario "reformar aquellos elementos del marco jurídico y fiscal actual que impiden un funcionamiento dinámico de este mercado".
Y es que, según datos de Eurostat, el 17% de la población reside en una casa en alquiler frente al 83% que lo hace en una vivienda en propiedad, lo que nos sitúa como el país con el menor parque de viviendas en alquiler de toda la Unión Europea, pese a que existen en estos momentos unos tres millones de viviendas vacías.