El PP exige a Sánchez que deje de imponer leyes que asfixian al sector agrario

El portavoz de Alimentación del Grupo Parlamentario Popular y senador por Murcia, Antonio Luengo, exige a Pedro Sánchez que deje de imponer una “engorrosa burocracia y una excesiva normativa al sector agrario” porque “su aplicación va en contra de su competitividad”. 

En una moción del PP debatida esta tarde en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta, aprobada a pesar de los votos en contra del PSOE, Luengo se refiere a los 19 Reales Decretos aprobados por Sánchez, en diciembre de 2022, y que suponen una “normativa burocrática inasumible, más de 10.000 folios de “nuevas obligaciones”. 

En concreto, el senador del PP critica el R.D relativo a los suelos agrarios y que obliga a los agricultores, a partir de septiembre de 2024, a registrar cualquier aportación de fertilizante orgánico o mineral; a elaborar y aplicar un plan de abonado en cada unidad de producción de las explotaciones; a registrar el agua de riego empleada; y a controlar la composición analítica de los estiércoles utilizados. 

“¿Quién paga todo esto?”, pregunta Antonio Luengo a la bancada socialista, tras lo que les reprocha que “lo tenga que asumir el agricultor. ¿Les parece esto justo? ¿Creen normal utilizar la imposición como la forma de gobernar?”.

Remarca que “este maremágnum normativo provocado por el Sr. Sánchez, más allá de contribuir a la sostenibilidad del sector o fomentar la seguridad alimentaria provoca desánimo y desesperación entre los agricultores y ganaderos”, tras los que señala que también “está generando un descenso de la producción de alimentos y, por consiguiente, un incremento del precio de los mismos”. 

Así mismo, el senador popular por Murcia critica que el Gobierno “no ha elaborado ni publicado ninguna guía de buenas prácticas que pudieran servir de asesoramiento para la aplicación de tan compleja normativa”.

Además, asegura que esta norma, “de gran complejidad para el sector agrícola, todavía no ha sido desarrollada por la administración central, no se ha coordinado con las CC.AA. ni se ha establecido un programa de actuación nacional que establezca criterios comunes”.

Por ello, la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado insta al Gobierno a:

1. Aprobar una prórroga de un año, en la entrada en vigor de la norma

2. Poner mecanismos técnicos, informáticos y económicos a disposición de los agricultores y ganaderos que les permitan adaptar su actividad a la normativa aplicada

3. Fomentar la coordinación entre los diferentes ministerios y acabar con la actual política de aprobación de marcos normativos inasumibles, alejados a la realidad y elaborados sin la colaboración de los sectores afectados