El portavoz de Interior del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, denunció hoy que el Ministerio del Interior lleva ya un año sin acatar el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo, que declaraba ilegal el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, al considerar que incurría en un claro abuso de la libre designación de destinos.
En rueda de prensa en Valladolid, Cosidó explicó que la sentencia afectaba a un total de 6.650 puestos, desde los niveles superiores a la escala básica, que "se convertían en puestos de libre designación". Para el portavoz popular, "la sentencia es especialmente grave primero porque desautoriza toda la política de personal del departamento de Rubalcaba respecto al Cuerpo Nacional de Policía, y en segundo lugar porque genera una enorme inseguridad jurídica a los Policías Nacionales".
Asimismo, destacó que "hay que tener en cuenta que desde que este catálogo fue declarado ilegal por el TSJM, una sentencia ratificada luego por el Supremo en junio de 2010, se han producido 4.193 destinos dentro de la Policía, en base a un catálogo que ha sido declarado ilegal, y esto lo que genera es una enorme incertidumbre e inseguridad jurídica entre los miembros del Cuerpo".
Por todo ello, Cosidó anunció que el Grupo Popular en el Congreso va a exigir "el cumplimiento inmediato de esta sentencia, porque no podemos tener a una instrucción tan fundamental y tan básica para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho como es el Cuerpo Nacional de Policía, en una situación de ilegalidad en la que su catálogo de puestos de trabajo, el elemento fundamental en la gestión de personal de esta institución, está declarado ilegal por la Justicia".
El diputado popular también manifestó que su Grupo va a pedir "la dimisión del director general de la Policía y de la guardia Civil por una actitud negligente en el cumplimiento de una sentencia judicial, pues ha tenido más de un año para cumplir esta sentencia y no lo ha hecho, y porque está causando un perjuicio directo a miles de policías que están siendo destinados en base a un catálogo ilegal".
Cosidó subrayó que la anulación del catálogo de puestos de trabajo de la Policía es algo "absolutamente inédito" en la historia del Ministerio del Interior, y que "la resistencia que está demostrando el Ministerio y la Dirección General de la Policía para aplicar la sentencia dictada por los tribunales constituye la mejor prueba de la política absolutamente arbitraria que está practicando el hoy vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que quiere utilizar de forma descarada el Cuerpo Nacional de Policía, una institución básica de nuestro Estado de Derecho, al servicio de los intereses de su partido".
Para Cosidó, "este intento descarado del Gobierno de utilizar de forma partidista y partidaria a la Policía" no va a salir adelante. "Primero porque seguimos manteniendo nuestra plena confianza en el Estado de Derecho y esta sentencia del TSJM amparada por el Tribunal Supremo, es la mejor prueba de que frente a la arbitrariedad política hay unos límites jurídicos, que marca nuestra Constitución y nuestras leyes, y en segundo lugar, porque el PP mantiene su total confianza en la profesionalidad de la inmensa mayoría de los funcionarios de la Policía, que sin duda no se prestan a este juego", concluyó.
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