El PP exige a Pedro Sánchez que cumpla con sus obligaciones en materia de financiación local

El Partido Popular instará al Gobierno de Pedro Sánchez  a través de sus grupos municipales, provinciales, forales e insulares, a que haga efectivas las obligaciones económicas financieras que tiene contraídas  legalmente con las entidades locales y que tienen su fundamento en un derecho constitucionalmente reconocido. Pedirá a través de una moción que, en base a ello, efectúe la transferencia actualizada de los recursos derivados de la Participación en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a cada localidad y, por consiguiente, a los ciudadanos que residen en ella.

El Partido Popular reclamará también al Gobierno de España los recursos necesarios para apoyar el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos de estas entidades previsto en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que establece un incremento mínimo asegurado del 2,25 por ciento respecto a las retribuciones vigentes en 2018, con efectos a 1 de enero de 2019, y que cubre tanto a funcionarios como a personal laboral del sector público local.

El PP solicitará la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (que lleva un año sin convocarse, una muestra más de la desidia de la ministra de Hacienda), para dar cuenta de las razones de la situación creada y acordar soluciones inmediatas así como dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y Senado, así como al Ministerio de Hacienda.

ENTIDADES LOCALES: PILAR DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

En esta línea, el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, y la secretaria de Política Local, Raquel González, recuerdan que las entidades locales son uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España y sus administraciones de proximidad garantizan la provisión de servicios públicos esenciales a los españoles.

Para poder desarrollar eficazmente las funciones que tienen encomendadas, es fundamental que se cumplan íntegramente los dos principios que constitucionalmente inspiran su actuación: el principio de autonomía (art. 140 de la Constitución) y el principio de suficiencia financiera (artículo 142).

En este sentido, González Terol ha explicado que al igual que ha ocurrido con la financiación de las CC.AA, el Ministerio de Hacienda ha venido invocando diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene contraídas legislativamente con las entidades locales. “Una vez más, y de manera completamente falaz, se apela por el Gobierno de Sánchez a la concurrencia de un presupuesto prorrogado y a las limitaciones de un Gobierno en funciones para negar lo que constitucionalmente es un derecho de las entidades locales y, por consiguiente, de los ciudadanos que residen en cada una de ellas”, recalca.

“Sin embargo -ha denunciado- ese mismo Gobierno no ha tenido ningún reparo en aprobar Reales Decretos Leyes que crean nuevos derechos económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación jurídica sobre estabilidad presupuestaria”. Frente a la disciplina y la corresponsabilidad política y administrativa que debe imperar entre el Estado y las Entidades Locales “el Ejecutivo de Sánchez ha impuesto irresponsablemente la indisciplina fiscal y uno de los mayores ataques al modelo constitucional de autonomía territorial de los últimos años”, señala.

Por último, el dirigente popular ha recordado que desde el punto de vista de la financiación local, la falta de actualización de los recursos derivados de la Participación en Ingresos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación, está provocando un perjuicio análogo al que se está produciendo con las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, y que podría situarse en torno a los 1.000 millones de euros.