El diputado popular, Celso Delgado, ha exigido al Gobierno que cumpla los mandatos del Congreso y prorrogue durante este año las ayudas a la compra de coches, para evitar un desplome mayor del sector en el último cuatrimestre.
El representante del PP ha recordado que en abril pasado la Cámara Baja aprobó sendas iniciativas del Partido Popular y de CiU para el mantenimiento de los incentivos durante este año del Plan 2000E.
Celso Delgado ha indicado que el PP apoya las justas demandas de las PYMES concesionarias de automoción y de las empresas fabricantes de vehículos, así como de sus federaciones y asociaciones representativas que han alzado su voz para dar a conocer datos muy preocupantes como son el retroceso generalizado en el mercado español de ventas de turismos y todo terrenos.
El diputado popular ha indicado que "desde el PP llevamos meses advirtiendo del encarecimiento que iban a sufrir los vehículos por la subida del IVA, unos 450 euros de media. Entendíamos que la unión de ambas circunstancias -fin de las ayudas y subida del IVA-, iba a provocar un brusco desplome en el mercado de particulares, lo que acarrearía que se dejaran de vender no menos de 150.000 unidades en la segunda parte del año; al tiempo que decíamos que lo único que amortiguaría estos efectos sería la renovación del Plan 2000E hasta final de año".
Prórroga del Plan 2000E
El Pleno del Congreso aprobó el pasado 27 de abril, dos Proposiciones no de Ley, una del PP y otra de CiU, que reclamaban la prórroga durante este año de las ayudas directas a la compra de vehículos del Plan 2000E, una vez que se agotasen los 100 millones presupuestados por el Gobierno, lo que ya ocurrió a finales de junio.
El Gobierno ha despreciado una vez al Congreso y no sólo no ha cumplido lo acordado por la Cámara Baja sino que el ministro Sebastián, dando prueba de una prepotencia enorme, se ha manifestado públicamente en contra de prorrogar las ayudas. Hay que recordar también que en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación fue aprobada una Propuesta de Resolución que instaba al Gobierno a "cumplir los mandatos emanados de la voluntad mayoritaria de la Cámara como condición indispensable para garantizar la calidad de la democracia y la legitimidad del Gobierno".
Desde el GPP se subrayan los beneficiosos efectos que la prórroga tendría para el mantenimiento del empleo. El Ejecutivo de Zapatero debería pensar también en que el retorno fiscal que estas ayudas tienen para el Estado es enorme, ya que por cada unidad vendida se recaudan de media, vía impuestos y tasas, 3.200 euros. El mantenimiento de estos incentivos evitaría la destrucción de miles de puestos de trabajo en las plantas de fabricación, industrias auxiliares, distribución y post venta de coches, además del ahorro del pago de subsidios y prestaciones por desempleo.