El PP emprende una acción conjunta en Congreso y Senado contra el CSD por adulterar La Liga con una decisión inédita

Los grupos parlamentarios del Partido Popular en Congreso y Senado han emprendido una acción conjunta mediante una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno aporte las debidas explicaciones sobre por qué ha adulterado La Liga a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), tomando una decisión inédita llamada a pervertir la competición.

La intervención política para permitir la inscripción de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor por parte del Fútbol Club Barcelona ensucia la reputación del principal y más popular campeonato deportivo de España. Algo intolerable y que ha llenado de indignación a millones de aficionados al fútbol en nuestro país.

La admisión de la medida cautelarísima por parte del CSD no sólo incumple las más elementales reglas de fair play, sino que también consagra el trato de favor de un Gobierno empeñado en generar desigualdades, a tratar de forma diferente a unos frente a otros.

CONTRA UNA NUEVA AMNISTÍA

Pero esta nueva amnistía, como la anterior, no se va a producir con el silencio cómplice del PP. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo no se va a quedar de brazos cruzados mientras el Gobierno trata de corromper también el deporte, fuente de algunos de los mejores valores sociales.

El pronunciamiento del CSD, además, se produjo sólo horas después de que la ministra Pilar Alegría declarara públicamente que el estudio de los 52 folios y 60 documentos de la pieza sería “un trabajo tedioso” y que la RFEF y LaLiga podrían formular alegaciones antes de la resolución de la medida cautelar.

Por ello, el Partido Popular ha registrado en ambas cámaras sendas baterías de preguntas que el Ejecutivo deberá contestar por escrito, plasmando negro sobre blanco una decisión que puede causar el peor de los precedentes en el fútbol español.

“¿Tiene constancia el Gobierno del acuerdo de la Comisión de Control Económico de La Liga y los parámetros por los que consideró que el Fútbol Club Barcelona incumplía los requisitos presupuestarios de fair play? ¿Puede el Gobierno asegurar que la decisión se ha tomado en base a argumentos estrictamente jurídicos? ¿Consideran el Gobierno y el CSD que el sistema de control económico de La Liga queda de facto desactivado con esta decisión? ¿Se publicará de manera íntegra toda la documentación relacionada con esta decisión para asegurar la transparencia del proceso?”, son sólo algunas de las preguntas por las que el Gobierno deberá responder.