El PP dice que los PGE garantizan el proceso modernizador de la Justicia

Hoy, en la Comisión de Presupuestos

José Miguel Castillo resalta el "gran esfuerzo de austeridad pero también de generosidad" del Gobierno en el ámbito judicial, en un escenario "que nos obliga a una austeridad no querida pero sí necesaria".

El portavoz de Justicia del GPP, José Miguel Castillo Calvín, resaltó hoy el "gran esfuerzo de austeridad pero también de generosidad" que ha hecho el Gobierno en materia de Justicia a través de los PGE, y que permite "garantizar la continuidad del proceso modernizador" emprendido en la Administración Judicial.

En su intervención en la Comisión de Presupuestos, Castillo Calvín rechazó las enmiendas a la totalidad de PSOE, Izquierda Plural y UPyD a la Sección 13 de las cuentas públicas -las que hacen referencia a la Administración de la Justicia-, porque se limitan a la crítica sin proponer alternativas razonables para la asignación de recursos en un escenario que "nos obliga a una austeridad no querida pero sí necesaria", y reprochó a IU que recriminara no conocer la posición del GPP sobre las enmiendas parciales a la vez que se ausentaba de la Comisión cuando se procedía a dar detalle de las mismas.

Castillo Calvín pidió así que "no se analicen las cifras en su aspecto general sin considerar que en plena crisis resulta obligada la reducción y austeridad en el gasto de los Ministerios", destacando que mientras el descenso medio de recursos destinados a los Ministerios será del 8,9%, el de Justicia experimenta "una mínima pero exigible reducción" del 4,2% con respecto al ejercicio anterior, con una dotación de 1.507 millones.

Castillo Calvín también abordó en su intervención las enmiendas presentadas a la disposición adicional sobre oferta de empleo público para el acceso a carrera judicial y fiscal, recordando que las restricciones en este aspecto afectan a todos los sectores y se enmarcan en el proceso de consolidación fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas, y también se refirió a la enmienda de CiU para el abono a Cataluña de los ingresos financieros derivados de depósitos judiciales, recordando que se trata de una sentencia pendiente de resolución por parte del TC, y que mientras dicho tribunal no se pronuncie procede mantener la competencia exclusiva de la Administración del Estado.