El PP dice que con la Ley de Costas se pone fin a la inseguridad jurídica

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Congreso, María Teresa de Lara, avaló hoy el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Costas que mejora la seguridad jurídica y constituye un "instrumento eficaz al servicio de la protección y conservación del litoral, compatibilizando la protección de ese espacio natural con el impulso de actividades que creen empleo, crecimiento económico y generen riqueza".

Durante su intervención en el Pleno del Congreso al hilo de las enmiendas del Senado presentadas a dicha norma, la dirigente popular puso el acento en la necesidad de reforma de una ley que en sus 25 años de vigencia no ha respondido al objetivo marcado de conservar el medio ambiente costero.

Para De Lara, la aplicación de esta ley en las dos últimas legislaturas socialistas "no ha dejado de generar controversia", lo que ya de por sí justifica la necesidad de una reforma que pone punto y final a la inseguridad jurídica existente garantizando que "no se permitirá la progresiva pérdida del respeto a la ley que se produjo en los últimos años de gobierno socialista".

En su intervención, la dirigente popular desmontó uno a uno los argumentos falsos empleados por los socialistas en su oposición a esta norma e hizo énfasis en las enmiendas novedosas introducidas por el Grupo Popular que han posibilitado que por vez primera "se contemplen los efectos del cambio climático en un Proyecto de Ley".

Al respecto de esta última novedad, De Lara explicó que en las enmiendas presentadas por el GPP "se exige que en los proyectos para la ocupación del dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático y se impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de las costas a los efectos del cambio climático".

Además, continuó De Lara, "nuestras enmiendas introducen un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo de regresión en las áreas así declaradas, y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de protección respecto de las cuales podrá establecer contribuciones especiales".

De Lara desmintió también los falsos argumentos de los socialistas contra esta reforma, entre ellos la acusación de que se privatiza el litoral "cuando nada se privatiza", la acusación de que se reduce el nivel de protección de la costa "cuando no se reduce ni un ápice", al tiempo que negó que haya amnistías, que se atente contra la autonomía local o que haya trato discriminatorio a determinados núcleos urbanos y que las industrias contaminantes tengan vía libre, puesto que todas ellas "necesitarán un informe ambiental específico para la prórroga de la concesión".