El PP destaca que la Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales ha sido mejorada entre todos

La portavoz adjunta de Exteriores del Grupo Popular, Aránzazu Miguélez, destacó hoy que la Ley de Tratados y acuerdos internacionales, que ha sido aprobada en la Comisión de Exteriores con competencia legislativa plena, ha sido mejorada con aportaciones de todos los Grupos Parlamentarios, al haberse aceptado 52 enmiendas.

Tal y como explicó Miguélez, "es la primera vez que se regula en España una Ley que acoge acuerdos internacionales distintos de los tratados internacionales". "El propio artículo 1 de la Ley dice que su objeto es regular la celebración por España de los tratados, los acuerdos internacionales administrativos y los no normativos, y la propia Ley lleva ese título, Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales", añadió.

"La razón es que se trata de incorporar a la Ley una práctica internacional asentada en nuestro país, a pesar de no haber norma legal que la reconociese expresamente", subrayó la portavoz popular.

A este respecto, se refirió a los acuerdos internacionales no normativos, incluidos en el Proyecto de Ley "porque se han convertido en uno de los principales instrumentos de acción exterior de las administraciones públicas, y conviene velar por su adecuación a la política exterior de España y que no incidan en competencias exclusivas del Estado".

Además, recordó que la Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales sustituirá al Real Decreto 801/1972, "que ha quedado superado por las circunstancias y el dinamismo de la realidad internacional", pero que ha cumplido bien su función, al haber permitido que España haya firmado casi 30.000 tratados desde el año 72.

"Para dejar atrás este decreto", continuó, "el Gobierno quiere que la regulación sea sistemática, actualizada y que se regule de manera adecuada y unitaria la actividad del Estado en materia de tratados". "Si el objetivo de la Ley es este y el contexto internacional es el que marca que fenómenos de nuevo cuño como la proliferación de organizaciones internacionales puedan celebrar acuerdos internacionales con el Estado, está claro que no podemos dejar fuera de la Ley estas nuevas formas de acuerdo", pues su regulación ayudará a obtener una mejor seguridad jurídica.

Acuerdos internacionales por parte de las CCAA
Miguélez también se refirió a la celebración de acuerdos internacionales por parte de las comunidades autónomas, recordando que "este Proyecto de Ley consagra que las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los entes locales puedan celebrar acuerdos internacionales no normativos, aunque el Estado tenga que tener mecanismos para cerciorarse precisamente de lo que están firmando estos agentes son tales".

Así, los acuerdos de este tipo tendrán un informe previo de la Asesoría Jurídica Internacional, pero el Ministerio "no va a entrar ni en la oportunidad ni la conveniencia del tratado, sino mirar si la naturaleza del mismo se corresponde con lo que se dice qué es". "No es ningún tipo de placet", aseguró.

"A partir de ahí, la celebración de acuerdos internacionales por parte de las comunidades autónomas es muy amplio, y se trata de que el Gobierno ejerza su competencia de ordenar la actuación de los distintos órganos, para evitar distorsiones y perjuicios en la ejecución de la política exterior".

"No quieran ustedes ir más allá de la literalidad de la Ley, porque se trata de poner orden y no de poner obstáculos y mucho menos centralizar o inmiscuirse en competencias ajenas", pidió.

Papel de las Cortes
Asimismo, la portavoz popular habló sobre el papel de las Cortes Generales, destacando que "hay una necesidad de un margen de actuación del Gobierno para servir a los intereses del Estado de la mejor forma posible" y hay que buscar un equilibrio con "el necesario control democrático de la actividad internacional del Ejecutivo".

Como la Constitución española no dice nada, se concede al Gobierno la facultad de celebrar tratados internacionales sin necesidad de que intervenga el Legislativo, pero "sí obliga al Ejecutivo a informar de tal potestad al Parlamento". Este sistema ha funcionado bien y así lo mantiene la Ley.