El portavoz de Función Pública del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Barrachina, denunció la reubicación en la propia Administración General del Estado de los 33 altos cargos que iban a ser cesados, según acuerdo de Consejo de Ministros de 30 abril, con un ahorro de 16 millones de euros, y el resultado ha sido un aumento en el mes de mayo de un 10,3% en los gastos de personal.
En este sentido, el portavoz popular explicó que el supuesto ahorro de 16 millones de euros que iba a suponer el cese de dichos altos cargos "ni siquiera ha tenido lugar". "La consecuencia de ese engaño, de que el Gobierno de España se hace trampas a sí mismo, es que al mes siguiente el resultado del Capitulo I de gastos de personal del mismo Gobierno aumentó más un 10%, a pesar de que presuntamente ellos ya se habían ajustado el cinturón", destacó.
Durante la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, hoy en la Comisión Constitucional, Barrachina afirmó que "el Gobierno de España ha perdido por completo el control del Sector Público" y que eso "atañe tanto a las retribuciones como al número de empleados públicos, ambas competencias exclusivas del Estado, y sobre las que el Ejecutivo socialista ha perdido cualquier control".
Así, aclaró que un informe de la propia vicepresidenta primera indica que el número de teléfonos móviles, a 1 de enero de 2009, asciende a 56.000 aunque, en este momento, "probablemente hablemos de algunos miles más".
En su opinión, "eso supone multiplicar por 4 la cantidad que había cuando ellos llegaron al Gobierno, justamente para administrar muchas menos competencias". El portavoz del PP recordó que en estos seis años la transferencia de facultades centrales a las Comunidades Autónomas ha sido numerosa y que, por tanto, existe "despilfarro en los más de 100 millones al año que nos gastamos en pagar los 56.000 teléfonos móviles del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".
"Dos años después de la segunda victoria de Rodríguez Zapatero contamos con 215.200 empleados públicos más y 2.300.000 trabajadores privados menos", aseveró Barrachina, quien denunció que "el Gobierno vive absolutamente ajeno a la crítica realidad nacional que él mismo ha creado". "Nuestros vecinos, Francia y Portugal han reducido en 100.000 y 73.000 el número de empleos públicos", añadió.
Para el portavoz del PP, "hoy somos un país intervenido por la Unión Europea, y gobernado por un partido, el socialista, dividido también internamente, a juzgar por las declaraciones que hacen sus miembros en una Comunidad u otra".
Asimismo, Miguel Barrachina recordó que sólo el Gobierno de España, junto a Portugal, ha sido expedientado por la Unión Europea por exceso de gasto público y que eso ha hecho que "la imprevisión gubernamental recaiga sobre los funcionarios españoles y que tan sólo España, junto a Rumania, Irlanda y Grecia hayan sido los cuatro países que han bajado el salario público a los empelados de la Administración".
Finalmente, reprochó que parte de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo socialista "eran evitables, y que sólo con no cometer los errores del Plan E y la deducción de 400 euros, nos habríamos ahorrado 19.000 millones de euros y son ahora nuestros empleados públicos los que para reducir el gasto en 6.000 millones pagan el derroche de Zapatero".
"Otras medidas han resultado fracasadas" como la única reestructuración, la aprobada el 30 de abril, ha tenido como consecuencia que el mes siguiente esa misma Administración General del Estado haya arrojado un 10,3 % más de gasto público, concluyó.