Paloma Martín asegura que desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, el número de denuncias por ocupación ilegal ha crecido un 39% en España y un 84,2% en Cataluña.
Acusa al Gobierno de utilizar “maniobras de trilero para relativizar los datos y escamotear la magnitud del problema”, ya que las 79.000 viviendas ocupadas en España equivalen a que ciudades como Badalona, Tarragona, Lleida, Badajoz o Logroño, con ese número aproximado de viviendas, estuvieran totalmente ocupadas. “Mientras para Sánchez es un bulo, para el PP es un drama”, añade
Explica que los propios agentes del sector han denunciado que desde la implementación del decreto antidesahucios y la Ley de Vivienda se ha incrementado de forma “alarmante” la inquiocupación: “Por esta normativa, los ocupas ni siquiera tienen que tomarse la molestia de echar la puerta abajo, es el Gobierno quien se la abre”, denuncia
Reprocha al Gobierno que “bloquee” y “guarde en un cajón” la Ley Antiocupación promovida por el PP y aprobada en el Senado, que propone desalojos en 24 horas. “Pedro Sánchez no solo es incapaz de buscar soluciones, además las impide”, añade
Afirma que la situación es especialmente grave en Cataluña, con más ocupaciones ilegales en 2023 que Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid juntas. “El propio Ministerio del Interior reconoce 6.258 infracciones en 2023 en Cataluña, el 40% del total nacional”, argumenta
Considera que la Ley de Vivienda está provocando “efectos demoledores” en el mercado inmobiliario, ya que la oferta de vivienda ha disminuido y los precios se han disparado un año después de su aprobación
Subraya que, en Cataluña, única comunidad donde se han aplicado las zonas tensionadas y el índice de precios de alquileres, los precios han alcanzado niveles históricos: “En Barcelona, el precio medio del alquiler es ahora de 22,2 euros el metro cuadrado, un 75% superior a la media nacional”
Defiende que la solución al problema habitacional debe basarse en el consenso y en políticas de vivienda probadas y efectivas: “Proponemos políticas de vivienda basadas en la colaboración público-privada, que han demostrado ser efectivas en las comunidades donde gobernamos”
Explica que el PP ha finalizado una ronda de consultas con representantes del sector, comunidades autónomas, ayuntamientos, afectados por la ocupación y entidades juveniles, para elaborar su Proposición de Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se presentará en septiembre en el Senado
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