El PP denuncia la "ocultación y distracción" sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet

En una interpelación a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, sobre la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, Lassalle acusó al Ejecutivo de "ocultación" porque al anunciar el Anteproyecto el pasado 27 de noviembre no dijo que contenía "medidas de lucha contra la piratería en Internet".

Asimismo, habló de "distracción" porque cuando plantearon el debate público del Anteproyecto "incluyeron estas medidas en el furgón de cola de la Ley, fuera del articulado y dentro de una Disposición Final Primera".

"Descoordinación porque cuando se conocieron las medidas y se produjo un primer debate en la opinión pública y en Internet usted -añadió en referencia a la ministra de Cultura- dijo una cosa, que no se tocaría una coma; el ministro de Justicia otra, que el cierre de páginas web contaría siempre con control y autorización judicial; y el presidente del Gobierno, Zapatero, que el Gobierno no cerraría ninguna web".

En este sentido, el portavoz del PP preguntó por qué los ciudadanos "no pueden asistir con transparencia a un debate legal, sensato, amplio y específico que trate de encontrar un punto de equilibrio y de justicia entre los sectores que se ven afectados al regular la propiedad intelectual en Internet".

Además, recriminó al Ejecutivo el hecho de que recurra a un procedimiento administrativo dependiente del Ministerio de Cultura "que permite restringir y en su caso interrumpir el acceso a una página web sin control judicial". Según señaló, "esta medida así planteada podría suponer una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la privacidad o al secreto de las comunicaciones".
Lassalle también recriminó al Gobierno que adopte una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual "sin respeto" al Congreso, que creó el pasado mes de mayo una subcomisión de la propiedad intelectual para analizar con detalle este problema.

"Cuando la propia ministra supo de la creación de la subcomisión, dijo que confiaba mucho en ella y que era una oportunidad muy buena para conocer lo que se debía modificar de la Ley apostillando que era una magnífica herramienta", subrayó.

Así, el diputado del PP señaló que esto demuestra que el Gobierno "no cuenta con el Congreso de los Diputados" y evidencia que "prefiere un trabajo cocinado de mala manera en presidencia del Gobierno", sin contar con la titular de Cultura, "sin voluntad de consenso y por la puerta trasera de una Ley mastodóntica que impide un debate transparente sobre la propiedad intelectual".

Inacción y pasividad

Según declaró Lassalle en otro momento de su intervención, las razones que están detrás de todo esto es que el Gobierno es el responsable, "por su inacción y pasividad, de la vulneración masiva que sufre la propiedad intelectual en nuestro país" al no haber dotado presupuestariamente de manera correcta el Plan Integral de lucha contra la piratería aprobado por el Gobierno el 8 de abril de 2005, siendo ministra de Cultura Carmen Calvo.

"Son los responsables -dijo- de que España lleve ya dos años en la Watch List del Congreso de los Estados Unidos, de que este año también lo esté y estamos condenados, cuando menos, a permanecer en ese G-33 de la piratería junto a Bielorrusia, Brunei, Bolivia o Uzbekistán".

Además, advirtió al Ejecutivo de que puede ser el responsable de que España pase a la "Prioirity Watch List y tenga que soportar sanciones comerciales en el mercado norteamericano". En este sentido, lamentó que, si así fuera, el daño que esta situación podría ocasionar al proceso de internacionalización de nuestras industrias culturales sería responsabilidad de la ministra de Cultura y del Gobierno, que también lo sería "de las pérdidas económicas y de los puestos de trabajo que esa situación generaría".

El diputado del PP afirmó que España necesita "una protección eficaz de la propiedad intelectual" y que es necesario "dar seguridad jurídica a nuestra creación, a las industrias de contenido que utilizan también Internet, que es el soporte universal de la lengua castellana y su proyección internacional". "El futuro estratégico de España está subordinado al acierto o al fracaso institucional con el que abordemos esta cuestión", subrayó.

Cuestión de Estado

Para el portavoz de Cultura del PP, la protección de la creación es "una cuestión de Estado" y advirtió que, "si queremos estar a la altura de las circunstancias, hay que ser ambicioso y desplegar un esfuerzo conjunto en este campo".

Según declaró, debe ser un esfuerzo "que sume y no reste, que contribuya a que todos los sectores implicados se pongan de acuerdo a la hora de impulsar la cultura española digital, que proteja la propiedad intelectual pero que abarate el ADSL, que favorezca el desarrollo de nuevos modelos de negocio en la red y, por supuesto, que fije un marco de garantías legales y judiciales que permita a los usuarios de Internet y a los titulares de derechos de propiedad sentirse protegidos frente a cualquier intromisión ilícita".

Por último, Lassalle exigió que se protejan los derechos de autor "con un debate transparente en sede parlamentaria y no por la puerta falsa de una descomunal y alambicada Ley de Economía Sostenible que hace inviable un análisis detallado sobre cómo salvaguardar la propiedad intelectual en Internet".