Asegura que "lo que no procede es sembrar con mala fe la duda en torno a la posibilidad de que las resoluciones adolezcan de fundamento jurídico y cuestionar las decisiones de los funcionarios".
La diputada del Grupo Popular en el Congreso, Ana Belén Vázquez, denunció hoy las críticas de la oposición al tercer grado de Jaume Matas "por motivaciones políticas cuando lo que se tiene que hacer es aplicar la Ley".
"El partido socialista y los demás grupos se dejan prejuicios de que si se da el tercer grado a una persona como Jaume Matas, que cumple todos los requisitos para darlo porque es un cumplimiento estricto, porque el ordenamiento y la ejecución penitenciaria es estricta y de manera reglada", apuntó Vázquez, quien recordó que "el señor Matas está condenado por una sentencia firme a nueve meses y un día".
Durante su intervención en la comparecencia del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, la dirigente del PP quiso dejar claro que "es cierto que hay personas que tienen unas condiciones especiales e irrepetibles sobre otras porque han ocupado determinados cargos en la estructura del Estado".
En este sentido, explicó que "su estancia en un centro puede ser más complicada por determinadas razones algunas a favor y la mayoría en su contra ya que les impide hacer actividades que otras personas puedan hacer y eso crea determinadas condiciones".
"Si hay alguna persona que pueda correr riesgo dentro del centro tenemos que buscar la manera de que esté sin que eso signifique un situación, que no es deseable para nadie y que no tiene que pagar más allá de lo que tiene que pagar", añadió Vázquez, a la vez que insistió en que "estas cosas son difíciles de explicar pero lo estamos haciendo adecuadamente".
La dirigente del PP aclaró que "lo que acabo de leer no lo decía yo, lo estoy leyendo. Lo dijo la secretaria de Estado de Instituciones penitenciarias, Dña. Mercedes Gallizo, en el año 2005, con el Gobierno socialista".
Para la dirigente del PP, tras haber escuchado hoy que "había que aplicar criterios políticos y no jurídicos", se preguntó "cómo puede cuestionarse la legalidad aquí, y reclamó a la oposición que "aplique las leyes que hasta ahora le han dado estabilidad a este país".
La diputada del PP cuestionó a la Comisión "si estamos o no ante el cumplimiento de la Ley". "También hay otra Ley que es la Constitución que dice que los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna", aseveró.
En este sentido, señaló que "por supuesto" que la Junta de Tratamiento e Instituciones Penitenciarias pueden tener criterios divergentes y recordó que la anterior directora votó en contra de la Junta de Tratamiento más de 1000 veces entre 2009 y 2011. Por tanto, no hay excepcionalidad en absoluto.
"Quieren poner en entredicho el sistema penitenciario y el único principio y el único interés que debe motivar a la administración penitenciaria es el estricto cumplimiento de la normativa; lo que no procede es sembrar con mala fe la duda en torno a la posibilidad de que las resoluciones adolezcan de fundamento jurídico y cuestionar las decisiones de los funcionarios", afirmó.
En este sentido, destacó que Jaume Matas "cumple con todos los requisitos" para obtener el tercer grado, pero que si el juez de vigilancia penitenciaria estima el recurso del fiscal y decide que debe suspenderse, se hará "sin ningún tipo de problema". "Lo que no pueden hacer es sembrar la duda cuando el sistema penitenciario es el más auditado de la Administración", concluyó.