El PP defiende que la reforma de la Justicia acabará con el atasco en los juzgados y tribunales

Durante su intervención en la Comisión de Justicia e portavoz popular agradeció la comparecencia del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y aclaró que ésta no es de control, sino de solicitud de información, para recabar datos "que nos permitan hacer más eficaz nuestra labor parlamentaria, no puedo, ni pretendo, analizar en profundidad su extenso informe, sino realizar algunas observaciones y valoraciones sobre las que, al menos, desde el punto de vista de mi Grupo, nos parece oportuno reflexionar".

En este punto, Castillo Calvín recordó que "el número de diligencias previas y urgentes que se han incoado en el año 2011 -en cifra redonda 4.400.000-, sería muy similar a la del año pasado, y algo inferior a las de los años 2007, 2008 y 2009, lo que acredita una relativa estabilización en el último lustro".

Así el portavoz del PP quiso dejar claro que "aunque la incoación de diligencias previas y urgentes, es un criterio muy discutible, al no poner de manifiesto, ni mucho menos, la cantidad de delitos que se cometen, ni el índice de criminalidad, sí nos permite conocer con exactitud el volumen de asuntos que entra en los juzgados y el volumen global de trabajo; es decir, ‘el papel' que tienen que manejar en los órganos judiciales".

En su opinión, "la elevadísima carga judicial, es la que motiva la lentitud en la tramitación de los procesos y, a su vez, se convierte en la principal causa de protesta ciudadana en materia de Justicia".

"El número de acusaciones realizadas en 2011, arroja la no despreciable cifra de más de 300.000", aseguró Castillo Calvin, quien indicó que "no podemos olvidar que estas acusaciones evacuadas por el Ministerio fiscal, da lugar al dictado de un número similar de sentencias, que es necesario ejecutar de manera rápida y eficaz".

En este sentido, afirmó que los medios materiales y personales de los que disponen al día de hoy los juzgados no soportan una carga de tanta envergadura.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el portavoz del PP valoró positivamente que desde el ministerio fiscal "se busquen fórmulas que pueden contribuir a disminuir, y hacerlo de forma razonable, el enorme volumen global de asuntos que anualmente se acumulan en nuestros juzgados y tribunales" y por ello es importante que "se considere la desjudicialización de determinados procedimientos de la mano por ejemplo de la despenalización de determinadas conductas que hoy tienen la calificación de faltas así como el fomento de soluciones extrajudiciales de conflictos, a través de la conciliación o la mediación de las partes afectadas".

Despenalización de faltas
Sobre este asunto, el dirigente popular apuntó que "el número de juicios de faltas que se hacen a diario en España está en torno a los 2.400". "Y el problema no es convocar y celebrar 2.400 juicios de faltas diarios, sino que deben dictarse las sentencias y, además, tienen que ejecutarse, lo que, desde luego, conlleva un trabajo complementario para el personal del juzgado y también para la propia fiscalía en sí", añadió.

Para Castillo Calvín, esto conlleva que "la investigación criminal de los grandes delitos, las investigaciones criminales complejas, no son postergadas, pero sí asumidas de una forma muy limitada".

En este sentido, el portavoz del PP confió en que el ministerio fiscal, respalde esta iniciativa del Ministerio de Justicia, que pretende buscar una alternativa, -la sanción gubernativa sin control jurisdiccional-, para quitar esta carga a los tribunales".

Necesidad de ahondar en la mediación del ámbito penal
Castillo Calvín advirtió que "hay que tener en cuenta, que los términos «mediación» y «jurisdicción penal», históricamente se han considerado incompatibles, al entenderse que no es posible colocar en una situación de igualdad a las partes enfrentadas" y aclaró que "así ocurre expresamente con la violencia de género, donde en, la ley orgánica prohíbe cualquier forma de medicación".

Además, apuntó que "es imprescindible agilizar y racionalizar los asuntos pendientes, por la necesidad de prestar al ciudadano una justicia más ágil; y por ello recogemos y hacemos nuestra la propuesta que también se hace desde el Ministerio fiscal de actualizar los sistemas informáticos, para poder coordinarse entre todos los ámbitos".

Fiscales adscritos
Respecto a este asunto, Castillo Calvín quiso destacar "la labor verdaderamente encomiable, gracias precisamente, a este proceso de especialización funcional; lo que ha permitido afrontar de manera más eficaz, la lucha contra la criminalidad".

Así, señaló que "los fenómenos criminales sobre los que inciden los fiscales especializados, en materias como la delincuencia urbanística, la delincuencia ambiental, la siniestralidad laboral, menores, o la violencia de género, vienen teniendo un mejor tratamiento, desapareciendo algunas dosis de impunidad que se produjeron en su momento".

A su juicio, esa especialización, "es un instrumento consolidado, que en el futuro se tendrá que incrementar, -y así lo entendemos desde el Grupo Popular-, siendo necesario profundizar en la unificación de criterios por parte del ministerio público, -pues tiene la obligación de ser muy eficiente, especialmente cuando se trata de materias tan extraordinariamente sensibles como la violencia de género-, además de reforzar la coordinación y cooperación entre instituciones".