El PP defiende equiparar los derechos de las personas con discapacidad

Hoy, en el Pleno del Congreso

El portavoz de Discapacidad del Grupo Popular, Francisco Vañó, defendió la equiparación de derechos de las personas con discapacidad y que puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida.

Así se expresó Vañó en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate parlamentario de una Proposición no de Ley del Grupo Popular en ese sentido.

El portavoz popular recordó que España ratificó los acuerdos de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo en abril de 2008 formando parte de nuestro ordenamiento jurídico desde mayo de 2008, y que su artículo 12 "dice que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida".

Para Vañó, "hay que permitir diferentes instrumentos jurídicos que posibiliten a cada persona con discapacidad elaborarse su propio traje jurídico a medida, porque no es posible que el único instrumento sea la capacitación judicial, que en palabras de las propias personas con discapacidad equivaldría a la muerte civil".

En este sentido, el diputado popular subrayó que "el mal llamado incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales" y que "la incapacitación judicial es sólo una forma de protección y no una medida discriminatoria".

Por ello, pidió la colaboración de todos los grupos de la Cámara para aprobar la iniciativa del GPP, por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.

Dicho Proyecto de Ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen.