El PP defiende el actual modelo de campaña electoral al ser "razonable y plenamente justificado"

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, defendió hoy el actual modelo de campaña electoral, considerando que el período de quince días de campaña "es razonable, está plenamente justificado para conformar la voluntad popular, está adecuado a los tiempos modernos y su reducción no supone ningún ahorro de gasto".

Bermúdez de Castro defendió la postura del Grupo Popular en el debate en Pleno de una iniciativa de la oposición que pretendía reducir el tiempo de campaña electoral a siete días y anunció que su grupo "no va a respaldar la toma en consideración de esta Proposición de Ley, por no estar de acuerdo ni en el objetivo que persigue, ni en la justificación de presunto ahorro de gasto público que la sustenta".

Para el diputado popular, la conformación de la voluntad popular, que es el objetivo de toda campaña electoral, "requiere su tiempo". "Ni se puede privar a los partidos de un período razonable para dar a conocer sus candidatos y trasladar sus propuestas y programas ni tampoco privar a los ciudadanos de tiempo para disponer de información suficiente con la que ejercer su derecho al voto", aseguró.

"El actual período de quince días es bastante ajustado y razonable", destacó el portavoz popular, especialmente de acuerdo con el derecho comparado, ya que los países de nuestro entorno tienen plazos electorales similares o mayores. "No conozco ningún país que tenga una semana de campaña; en Reino Unido, son varias semanas; en Francia, dos períodos de quince días; en Italia, treinta días; y en los países de América Latina, períodos superiores, llegando incluso a los noventa días en el caso de México", enumeró.

Asimismo, Bermúdez de Castro recordó que una reforma de este tipo "no es tan sencilla, porque eso obligaría a revisar y modificar otros muchos plazos de la Ley Electoral, porque todas las actuaciones de los actores intervinientes en campaña se ajustan a un calendario de 54 días desde la convocatoria de elecciones, unos plazos que se verían alterados si se aceptara la propuesta".

"Hay otra razón", continuó, "que por sí misma justificaría mantener los plazos vigentes: no corresponde a los poderes públicos realizar campañas institucionales para fomentar la participación de los electores; esa misión de llamamiento a la participación ciudadana queda reservada en exclusiva a los partidos políticos y requiere su tiempo también".

Por todos estos motivos, "no parece que tenga mucho sentido que se reduzca la campaña". En este sentido, recordó que en la pasada legislatura, en una subcomisión del Congreso dentro de la Comisión Constitucional "se alcanzaron importantes acuerdos de limitación y reducción de gasto en campañas electorales, tanto para las distintas administraciones como para los partidos políticos".

Entre estas reducciones de gasto, Bermúdez de Castro citó la supresión de la precampaña electoral, la prohibición de campañas institucionales en período electoral, la reducción del 15% en el techo de gasto de los partidos, o la reducción al 20% del límite en publicidad exterior. "Y acabamos de aprobar una nueva Ley de Financiación de Partidos que reduce en un 20% la subvención a los partidos, que se verá minorada en un porcentaje similar cuando se aprueben los PGE para el año que viene", añadió.

Todas estas medidas suponen "un esfuerzo importante, un ajuste severo diría yo", conseguido con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, "en un ejercicio de responsabilidad, de transparencia, de austeridad y de ejemplaridad, conscientes de las dificultades que está atravesando la sociedad española, conscientes de que la dureza de la crisis económica está teniendo un fuerte impacto negativo en las familias españolas y conscientes de que los partidos debíamos ser los primeros en compartir los costes de la crisis y en apretarnos el cinturón y dar ejemplo".

"La crisis no es culpa de la democracia y haríamos un flaco favor a nuestro sistema si aprobáramos una medida que no se justifica ni para mejorar el derecho a la información de los ciudadanos en campaña, ni para reducir el gasto, ni para fomentar la participación política en los procesos electorales", concluyó.