El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, afirmó hoy que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial "son claves e imperiosas desde hace muchos años para mejorar la organización y optimización de los recursos materiales y humanos que ahora mismo existen en los juzgados y en las fiscalías".
Además, consideró las propuestas de reforma explicadas por el ministro Ruiz-Gallardón en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja como “un método real para agilizar nuestra Administración de Justicia y hacerla mucho más eficaz”. Así, apostó porque ambas reformas queden definitivamente aprobadas en esta legislatura.
El portavoz del GPP también destacó en su intervención que el titular de Justicia “se ha comprometido a buscar puntos de encuentro, abriendo ahora un debate social con participación de todos los agentes jurídicos, para tener listos sendos anteproyectos en el mes de noviembre, momento en el que se iniciará un debate no precipitado con todos los grupos parlamentarios para consensuar unas normas que, por su calado y trascendencia, requieren estabilidad y permanencia”.
Castillo Calvín recordó en su intervención que “durante siete años, el Proyecto de Justicia socialista no tuvo ni una reforma estructural para modernizar la Justicia, ni Oficina Judicial, ni Ley de Planta; ni instrumentos alternativos para la resolución de conflictos, - ni Jurisdicción Voluntaria, ni Mediación- ; ni expediente informático, ni interoperabilidad ni tampoco sistema de gestión procesal”.
En este sentido, destacó que “en poco más de un año, a pesar de las circunstancias en que ha desarrollado su gestión, con numerosas y continuadas malas noticias económicas, el ministro ha sido capaz de plantear más reformas de las que se han adoptado en la Justicia en España en la última década”.
“Por fin hay planteadas respuestas integrales a los graves problemas de todo orden, institucionales, normativos y organizativos, que afligen a nuestro sistema judicial”, subrayó el portavoz del PP, quien se mostró convencido de que “sí se puede cambiar nuestro sistema judicial” a pesar de estar en una época de crisis.
“Lo que está haciendo el Gobierno – explicó- es austeridad y reformas estructurales que nos permitirán entrar, de verdad, en la Justicia del siglo XXI que este país viene demandando y que tanto necesita”.
TEXTO ARTICULADO DE LA LOPJ
En lo que se refiere al texto articulado de la LOPJ, el diputado del PP advirtió que “tenemos una pésima organización del sistema judicial, con una estructura territorial de partidos judiciales, anacrónica y sin sentido alguno en la España moderna de nuestros días, que necesita una reforma urgente”. “Es un modelo agotado en el que no se puede seguir gastando e invirtiendo”, añadió.
En su opinión, “mejorar nuestro diseño organizativo, superando el modelo actual, estructurado en torno a los órganos unipersonales de instancia, para diseñar una nueva estructura judicial a partir de las necesidades actuales, es una necesidad y un empeño”.
Asimismo, señaló que “la Comisión de Expertos ha sido muy reformista al apostar por una modificación profunda del modelo, con propuestas que sin duda permitirán agilizar y racionalizar el actual sistema, como la creación de los Tribunales de Instancia, la provincialización, la revisión de la oficina judicial, o la superación del modelo de partido judicial que permitirán dotar de mayor flexibilidad al sistema y maximizar los recursos existentes, haciendo así frente, en mejores condiciones, a las necesidades cambiantes del servicio público de la Justicia”.
TEXTO ARTICULADO DE LA LECRIM
Respecto a la LECRIM, Castillo Calvín afirmó que “transcurrido poco más de un año en el Gobierno, contamos ya con un texto que modifica las atribuciones y competencias del Ministerio Fiscal y redefine el papel del juez en la fase de instrucción, dotando así de mayor coherencia al sistema procesal, incrementando las garantías del proceso y dando una mayor eficacia a la investigación”.
Así, destacó que “el texto limita a seis meses las diligencias de investigación, lo que permitirá agilizar el procedimiento y contempla también una adecuada regulación de la publicidad del proceso, buscando el equilibrio entre el derecho a la información y la necesidad de garantizar adecuadamente la intimidad de los intervinientes”.
“Se reconocerá el derecho al secreto profesional de los periodistas y se regulará la presencia de los medios de comunicación en las vistas orales”, advirtió el portavoz de Justicia del GPP, quien añadió que “la propuesta de la nueva LECRIM también incide en la mediación como sistema de finalización del proceso, evitando la celebración del juicio”.
Para Castillo Calvín se trata de una “magnífica propuesta que contempla relevantes novedades que nos permitirá contar con un texto legislativo que dotará al orden penal de un marco procesal adecuado y que permitirá culminar, definitivamente, la evolución del modelo inquisitivo al modelo acusatorio y de contradicción en todas las fases del procedimiento penal, concretamente a la fase preliminar del sumario, que es la piedra angular del juicio y la sentencia”.