Defiende "la protección a un sector especialmente vulnerable", a fin de que "el menor se exprese libremente, cuente con la información para hacerlo, que la audiencia se produzca en un entorno amigable y que todo lo que diga sea tomado en consideración"
El portavoz adjunto de Justicia del GPP, Avelino Barrionuevo, ha "elaborar un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de los menores de edad inmersos en un proceso judicial, reforzando las garantías de sus derechos y especialmente el derecho a ser escuchado, evitando una segunda victimización, así como impulsar las salas amigables, creando en el entorno judicial un espacio apto para los menores de edad como colectivo especialmente vulnerable".
En su intervención durante la reunión de la Comisión de Justicia, Barrionuevo ha señalado que, en este nuevo tiempo político en el que "los ciudadanos nos piden diálogo y consenso", "todos los grupos defendemos el interés del menor" y, en este contexto, ha subrayado la necesidad de consensuar el impulso a medidas específicas para atender a los menores en todos los procesos judiciales.
Según ha explicado, los menores "han sido una prioridad en la agenda social del Gobierno del PP", como colectivo "especialmente vulnerable", y ha señalado la necesidad de dotarse de instrumentos a fin de que "el menor se exprese libremente, cuente con la información para hacerlo, que la audiencia se produzca en un entorno amigable y que lo que diga sea tomado en consideración".
Barrionuevo ha destacado que la iniciativa presentada por su formación responde al acuerdo alcanzado con Ciudadanos de cara a la investidura de Mariano Rajoy, al tiempo que ha repasado las reformas impulsadas por el Gobierno del PP en esta materia que, entre otras cuestiones, "ha convertido a España en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor, la creación de un nuevo registro central de delincuentes sexuales, el refuerzo de los mecanismos de prevención de la sustracción de menores, así como la aprobación del Estatuto de la Víctima que reconoce a los menores, por primera vez, como víctimas directas de la violencia de género".
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