Fernández de Mesa ha afirmado que desde 2002 se han construido en nuestro país 273 buques mediante el sistema tax lease, con un volumen de negocio de 9.000 millones de euros que España tendría que devolver si se declararan ilegales.
De Mesa ha reclamado en el Pleno del Congreso a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dos cuestiones esenciales para los astilleros gallegos: que el Ejecutivo socialista exija a la Comisión Europa la paralización del expediente abierto y que, además, negocie una fórmula para que se paguen todos los beneficios fiscales que ya se habían devengado antes de la apertura del expediente.
El diputado popular ha recriminado a la vicepresidenta del Gobierno que solo se preocupase de los temas de política de altos vuelos y le ha espetado que el PP, sin embargo, se preocupa de los problemas reales del país como éste. "Señora Salgado, este problema afecta directamente a 35.000 personas cuyos empleos dependen directa o indirectamente de los astilleros y cada uno de ellos es importante para nosotros".
El diputado popular ha asegurado que la situación actual es responsabilidad exclusiva del Gobierno socialista, ya que aunque el sistema comenzó a aplicarse en 2002 la primera denuncia no llegó hasta el 2006, año en el que ya gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, y, sobre todo, teniendo en cuenta que es el propio Ministerio de Hacienda el que ha tenido que aprobar una a una todas estas operaciones.
Los populares continuarán defendiendo la paralización del expediente con distintas iniciativas parlamentarias, ya que está pendiente de debatirse una Proposición no de Ley del GPP exigiendo tanto la paralización del expediente como que se paguen los beneficios devengados antes de la apertura del proceso para no llevar a la quiebra a los astilleros.
"Con un Gobierno provisional y desacreditado es imposible salir de la crisis"