El portavoz de Justicia del GPP, José Miguel Castillo Calvín, respaldó hoy el endurecimiento de las penas contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social para impedir que ante la impunidad "pueda extenderse una cultura del engaño".
En la Comisión de Justicia para ratificar el Proyecto de Ley en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (SS), Castillo Calvín ensalzó la importancia de una norma que trata que el fraude "sea más difícil y quede en desuso", al tiempo que lamentó que, salvo en los casos de CiU y UPyD, el resto de grupos no avalaran la reforma.
El parlamentario popular explicó que el nuevo texto nace de la "intensa colaboración" de los Ministerios de Hacienda, Empleo y Justicia, "que han sabido articular nuevas herramientas más acordes con la evolución de la sociedad y con las nuevas modalidades delictivas", de modo que se puedan "garantizar y agilizar los mecanismos de cobro así como adecuar el reproche penal a la gravedad de la conducta".
En relación con las enmiendas presentadas desmintió que la nueva Ley "beneficie al defraudador y criminalice al trabajador" como señalan en la oposición puesto que, entre otras cosas, la reforma no sólo no rebaja las penas en los supuestos más graves sino que incluye un nuevo delito que prevé una pena agravada que alcance los 6 años de prisión, con el consiguiente aumento de los plazos de prescripción hasta los 10 años.
A fin de ofrecer "una protección real y más efectiva" de los derechos de los trabajadores persiguiendo su contratación irregular, la reforma otorga una importancia equivalente a los delitos contra los trabajadores y el fraude a la SS, con medidas que forman parte de un plan integral del Ministerio de Empleo que fortalece la inspección de trabajo y contempla la creación de unidades judiciales de apoyo para combatir el fraude.
En última instancia, Castillo Calvín adelantó que el contenido de la enmienda in voce para que no puedan ser elegidos aquellos que sean sancionados por determinadas conductas graves previstas en la Ley Electoral General que se presentó en la reunión de la Comisión de hoy y que no salió adelante por la oposición del PSOE, será incluida en la tramitación pendiente en el Senado de este Proyecto de Ley a propuesta del Grupo Popular.