Las enmiendas populares recogen todos los compromisos asumidos por el Gobierno durante la tramitación de la Ley.
El Grupo Popular ha presentado esta tarde sus enmiendas al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Para los populares, se trata de "más de una treintena de propuestas de modificación que buscan dar entrada en el texto a todos los compromisos que el Gobierno ha ido asumiendo en el trámite de esta importante Ley".
Según el PP, esos compromisos son fruto del doble objetivo del Gobierno y de la mayoría que le apoya para "ensanchar la transparencia" y "conseguir el máximo acuerdo en una Ley que debe ser de todos y que debe contar con las aportaciones de todos".
La primera de las enmiendas del GPP es la que pide la incorporación de la Casa de Su Majestad el Rey en el ámbito de aplicación de la Ley. Se trata de un aspecto trascendente que situará a la Monarquía española como la primera que entra en una legislación de este tipo.
Éste es un compromiso expresado por el Gobierno y asumido por el PP, como ocurre, en otras enmiendas presentadas hoy, con la inclusión en la Ley de partidos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones.
Criterios objetivos
Para estas últimas, el Partido Popular propone unos criterios objetivos, de carácter tasado. Así, tendrán obligaciones de transparencia activa aquellas entidades que perciban durante un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. Cuando una entidad reciba ayudas o subvenciones públicas de, al menos, el 50 % del total de sus ingresos anuales, esta obligación comenzará a partir de los 3.000 euros.
En otras enmiendas se aumenta la publicidad activa en lo relativo al sistema de incompatibilidades, ya que todas las resoluciones de autorización de actividades privadas "compatibles" serán públicas. Lo mismo sucede con el patrimonio de las Administraciones Públicas, ya que serán públicas y accesibles todas las relaciones de bienes inmuebles. Incluso, existe una enmienda destinada a que, cuando la Ley entre en vigor, se hagan públicas todas las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información por la concurrencia de algún límite.
Consejo independiente
El compromiso del Gobierno de mejorar el funcionamiento y vinculación parlamentaria del órgano de la Transparencia se traduce en un bloque de enmiendas destinadas a que la Ley contemple la creación del llamado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otras cosas, velará por el cumplimiento de la propia Ley, iniciando las actuaciones necesarias para evitar incumplimientos y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.
Este Consejo quedará configurado como un órgano independiente, nombrado con el respaldo del Parlamento y para el que se garantiza una total independencia en el desarrollo de sus funciones.
En la parte de Buen Gobierno, las enmiendas plantean un endurecimiento en el aspecto sancionador al ampliar la pérdida del derecho a pensiones indemnizatorias.
"La Ley de Transparencia es un paso adelante para salir de la opacidad y la penumbra"