El PP apuesta por fomentar "la profesionalidad y la calidad" de los operadores que trabajan en Justicia

El portavoz de Justicia del Grupo Popular, José Miguel Castillo Calvín, apostó hoy por fomentar "la profesionalidad y la calidad de los operadores que realizan su labor en torno a la Administración de Justicia".

Para ello, el portavoz popular defendió una Proposición no de Ley relativa a la regulación de la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionan con la Administración de Justicia.

En concreto, en su iniciativa el Grupo Popular insta al Gobierno a desarrollar, "en colaboración con los diferentes colectivos de traductores e intérpretes judiciales y jurados, un plan formativo con el que dotar a este colectivo profesional de unos requisitos mínimos y uniformes de formación, que garanticen su cualificación, así como la creación de un registro de ámbito nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, en colaboración con las Comunidades Autónomas".

"Este registro -explicó- constituiría una garantía procedimental, en aquellos casos en que la Justicia se ve obligada a recurrir a la colaboración externa de traductores-intérpretes y facilitaría la prestación de este servicio en todas las Autonomías, ya que en ocasiones es posible que no haya intérpretes de ciertas lenguas en todas las regiones en España".

En opinión de Castillo Calvín, es "necesario crear uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados, dependiente del Ministerio Justicia, y en colaboración con las CCAA". Así, se "garantizaría que los requisitos mínimos y uniformes de formación y experiencia profesional que marque el Gobierno se cumplen", señaló.

Según el portavoz de Justicia del GPP, José Miguel Castillo Calvín, "con el actual sistema, no se garantiza en todos los casos, ni la suficiente cualificación, ni la formación especializada, ni la necesaria experiencia; por lo que resulta indudable que existen disfunciones que conviene resolver, si es que queremos contar con una Justicia de calidad".

Pieza clave en el proceso judicial
Asimismo, el portavoz popular dijo que "los traductores e intérpretes son una pieza clave en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a él no hablan la lengua oficial del Estado Español, las lenguas cooficiales en aquellas comunidades donde existen, o idiomas extranjeros".

"Los traductores-intérpretes -indicó- que prestan sus servicios a la Administración, pueden ser personal laboral, en cuyo caso han tenido que superar para su ingreso un proceso selectivo, o la figura del traductor-intérprete judicial, que presta sus servicios realizando intervenciones puntuales de forma independiente, o trabaja para los organismos judiciales a través de una empresa".

Entre las titulaciones de los que no pertenecen al personal laboral, Castillo Calvín manifestó que "encontramos Licenciados en Traducción e Interpretación, como Filología y Derecho, pero también, y en no pocas ocasiones, personas que carecen de cualquier titulación oficial, y que tan solo acreditan contar un conocimiento -a veces no contrastable- del idioma".

Por ello, destacó que "las propias asociaciones de traductores e intérpretes judiciales y jurados, y no pocas Facultades españolas donde se imparten títulos en Traducción e Interpretación, reclaman que se tomen medidas para asegurar la calidad de quienes realizan estas funciones ante los tribunales de Justicia". Además, contó que "la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de octubre de 2010" marca este camino.

"Una línea -aseguró- que sigue este Gobierno, y en concreto el Ministerio de Justicia, y que pretende alcanzar objetivos más ambiciosos". Para ello, el diputado popular avanzó que Justicia está trabajando en una reforma de la LOPJ en este asunto.

En este sentido, afirmó que "el objetivo de esta iniciativa es extender el ámbito de aplicación a una interpretación de calidad a todos los órdenes jurisdiccionales, y del que sean beneficiarios, no sólo los sospechosos o acusados, sino todos aquellos que, de una manera u otra acceden a la Justicia, y para cualquier actuación procesal".

Por último, José Miguel Castillo Calvín consideró "necesario regular adecuadamente el acceso de aquellas otras profesiones no jurídicas que desarrollan actividad ante nuestros juzgados y tribunales, y que, sin ser personal laboral, -como ocurre con los psicólogos forenses, peritos, traductores, o administradores concursales, entre otros-, realizan labores de asesoramiento".