El PP aplaude el esfuerzo del Gobierno para que las CCAA puedan seguir pagando las nóminas de los funcionarios y los servicios sociales

El portavoz de Administraciones Públicas del GPP y secretario Ejecutivo de Política Autonómica del PP, Juan José Matarí, aplaudió hoy "el esfuerzo del Gobierno de España para que las Comunidades Autónomas, muy especialmente algunas como Cataluña o Andalucía, se puedan seguir pagando las nóminas de los funcionarios o se pueda seguir atendiendo los servicios sociales como los pagos de las farmacias, el gasto hospitalario y educación".

En este sentido, destacó, el dinero que el Ejecutivo de Mariano Rajoy destina a las regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para pagar las prestaciones sociales. "No se rescatan a CCAA, se rescatan a sus ciudadanos", subrayó Matarí.

Durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 en lo referente al Ministerio de Hacienda y Administraciones, el portavoz popular recordó que "el actual sistema de financiación autonómica fue aprobado por el anterior Gobierno socialista de acuerdo con la Generalitat de Cataluña".

Respecto a la partida que afecta a Canarias, destacó que el incremento experimentado en un 7,41% cuando la media es un 6,14, por lo que aseveró que "el trato a Canarias y a todas las CCAA se corresponde con el apoyo permanente que está prestando el Gobierno".

En lo referente a Cataluña, el portavoz popular resaltó que "esta Comunidad Autónoma va a recibir a lo largo de esta legislatura más de 50.000 millones de euros a través del FLA para atender los servicios sociales, el gasto educación, hospitalario, farmacéutico y el pago de nóminas de funcionarios".

Además, añadió que "el incremento de su financiación va a ser del 11,41% cuando la media es de 6,14", lo que supone 1.700 millones de euros más.

Por último, Juan José Matarí aclaró que "el Gobierno del PP no discute la vigencia de las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía pero hay que aplicarlas de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que dice que no se puede pretender que en un estatuto de autonomía establezca un reparto de recursos financieros o de inversiones en virtud de un criterio favorable a una exclusiva CCAA porque eso va en contra del principio de solidaridad".