El PP afirma que el Tribunal de Cuentas cometió varias irregularidades en la pandemia de forma consciente

Se pregunta cómo es posible que empresas sin dedicación al sector sanitario y sin apenas actividad obtuviesen contratos millonarios con el visto bueno del Tribunal de Cuentas

El senador del GPP, Salvador Foronda, asegura que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, cometió varias irregularidades al permitir que empresas que carecían de falta de acreditación y de certificación con la Agencia Tributaria de la Seguridad Social accedieron a contratos millonarios durante la pandemia. 

Durante la comparecencia de Chicano, el dirigente del PP se pregunta cómo es posible que empresas sin dedicación al sector sanitario y sin apenas actividad obtuviesen contratos millonarios con el visto bueno del Tribunal de Cuentas. 

Para el portavoz de Hacienda, Enriqueta Chicano “tenía la obligación de verificar el grado de concentración y de riesgo porque era un objetivo operativo”. Según la trama que ahora se investiga en el Senado “no lo hicieron de forma consciente y eso es grave porque mintió en el Congreso y no cumplieron con su obligación”. 

Desmiente a la presidenta del Tribunal de Cuentas, ya que es obligatorio analizar la capacidad y solvencia de los contratistas, tal y como ordenan varias leyes. 

Foronda revela que Chicano ha dado viabilidad a una forma de contratación un tanto particular: “Cualquiera puede suscribir un contrato, porque no hace falta tener empresa; basta con un contacto que cobre una comisión y que sepa cómo realizar el objeto del contrato. Con el dinero por adelantado, la cosa no debe resultar difícil, sobre todo si luego se escamotea en resultado del contrato y el importe de las comisiones. 

El senador por Burgos muestra su perplejidad cuando el Tribunal de Cuentas fiscalizó contratos que “son nulos de pleno derecho”. “Si los tribunales de contratación y sus dictámenes marcan jurisprudencia, no tenían que haber continuado, porque era irregular”, reprocha a Chicano. 

Acusa a la propia presidenta del Tribunal de Cuentas de ordenar la eliminación de un párrafo donde salvaba al exministro Illa, en referencia a que las mascarillas que se repartían con diligencia cuando de 1.000 millones de euros solo se repartió el 11,4%.