La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marta Torrado, afirmó hoy que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "no se ha amenazado a nadie y no se quiere ilegalizar a ninguna asociación, porque todo el mundo tiene derecho a constituirse se como asociación pero lo que sí que se pretende es que se cumpla lo que se contempla en la Ley".
Así explicó Torrado que desde el Ministerio se ha enviado una carta en la que se le recuerda “la legalidad de los fines de las asociaciones de consumidores porque esta entidad podría estar extralimitándose con la campaña denominada ‘huelga de consumo’ en la cual pidieron el pasado 19 de julio que no se consumiera en protesta por al subida del IVA”.
En este sentido, la portavoz del PP señaló que “en esa carta se pone de manifiesto que estas actuaciones de esta asociación en la pagina web, bajo el epígrafe “campañas de consumo” podrían sobrepasar lo que son los fines de una asociación de consumidores y acercarse más a otro tipo de asociaciones u organizaciones sociales”.
“De ahí que ante esta situación se solicitara a la Abogacía del Estado un informe sobre el posible exceso de actividad de esta entidad que compete a las asociaciones que están inscritas en el Registro Estatal de asociaciones de consumidores y usuarios y ante una eventual extralimitación de los fines legítimos que han de perseguir como asociación calificada e inscrita en defensa de las asociaciones de consumidores y de los derechos de los consumidores y usuarios”, aseveró la portavoz parlamentaria.
En este sentido, Marta Torrado, afirmó que los servicios jurídicos entienden que las campañas emprendidas por FACUA no guardan relación directa con los fines que han de perseguir las asociaciones de consumidores y usuarios en los términos definidos por el legislador.
Además, añadió la diputada popular la Administración Estatal tanto el Instituto Nacional de Consumo como el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios han de ejercer sus competencias “no sólo en el momento de la inscripción sino que la supervisión se extiende al seguimiento de las actividades para observar precisamente el cumplimiento de la ley, en concreto a los fines legales y el cumplimiento de los deberes de independencia e imparcialidad impuestos legalmente”.
“No se ha dictado ningún acto o resolución alguna por parte del Instituto Nacional de Consumo y por esto entendemos que no tiene ningún sentido la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, subrayó Torrado.
“Tampoco desde la Institución del Defensor del Pueblo se ha pronunciado al respecto”, indicó la dirigente popular, quien advirtió que es “porque no se ha dictado ninguna resolución aunque se señala que dada la importante función social de esta entidad le sugieren que tengan a bien revisar las campañas llevadas a cabo por esta organización”.