El PP afirma que "la Ley de Transparencia justifica en sí misma una Legislatura"

Durante la Comisión Constitucional celebrada hoy en el Congreso con las comparecencias relacionadas con el Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Gómez de la Serna advirtió que "una cosa es hacer una buena ley de Transparencia y otra cosa es aprovechar para sustituir el sistema político y representativo por otra cosa".

Así, y en referencia a la intervención del representante del Foro por la Transparencia, el portavoz del PP señaló que "no considera que se pueda ligar la desafección ciudadana, que existe, con el hecho de que los lobbys no estén regulados en España".

Así, el portavoz popular explicó que tiene una enmienda de dicho Foro que propone regular el fenómeno de los lobbys y, en este sentido, dejó claro que él, Gómez de la Serna, es partidario de hacerlo en sede parlamentaria, mediante la modificación del Reglamento de las Cámaras.

Ahora bien, aclaró que, según dice la enmienda "se nos pide que reconozcamos a los grupos de interés como interlocutores legítimos entre los poderes públicos y la sociedad". "Creo que los grupos de interés son otra cosa", puntualizó el dirigente del PP, quien indicó que "esto le suena a los cuerpos intermedios entre Estado y la sociedad".

"No creo que los lobbys sean interlocutores entre la sociedad y los poderes públicos" y, en este sentido advirtió que "actúan mediante la promoción de intereses privados ante los poderes públicos"."No se puede configurar esta actividad como algo alternativo al sistema de representación parlamentaria", añadió el portavoz del PP.

Gómez de la Serna destacó que la regulación que el Foro propone no la ha encontrado en "casi ningún Estado europeo a excepción de Polonia y Lituania".

Tras lo expuesto, el dirigente del PP argumentó que las instituciones comunitarias no son las que más vínculo de apego democrático han conseguido con la ciudadanía europea "y lo dicen todas las encuestas".

"Los lobbys se regulan en la UE porque son un modelo singular" afirmó Gómez de la Serna, quién cuestionó en qué medida entienden, el Foro, que es un modelo ad hoc, que se establece para las instituciones europeas donde se cruzan no solamente intereses sectoriales sino también nacionales, hasta qué punto es completamente exportable a los estados democráticos".

En este sentido, el dirigente popular se cuestionó si quieren un registro voluntario u obligatorio; un código de conducta aplicable para todos o no y qué entendemos exactamente por un lobby.

Por otro lado, se refirió a la dificultad de que, en la medida en que se vaya a ampliar el reglamento de aplicación de la Ley, en la medida en que la Ley se vaya a aplicar a entidades público-privadas o partidos políticos, o sindicatos, etc, cómo vamos a aplicar los que no son administraciones públicas los principios de archivos propios de las administraciones públicas.

Así, Gómez de la Serna se preguntó si es posible poner en marcha una Ley de Transparencia eficaz, sin una reforma previa de la Ley de Archivos.

Además, el portavoz del PP quiso hacer referencia a dos temas muy concretos: el ámbito de aplicación y la cuestión del silencio. "Respecto al ámbito de aplicación se ha producido un avance por parte del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarándose parlamentaria la voluntad del GPP de que los partidos políticos y sindicatos sean incluidos", destacó el dirigente popular.

"Incluso llegó a afirmar el presidente del Ejecutivo la posibilidad de que todas aquellas entidades que perciban fondos públicos en la medida en que se establezca sean objeto del ámbito de aplicación", aseguró el portavoz del PP.

En su opinión, hay que ir a criterios objetivos, abstractos, generales y no hacer leyes de caso concreto y, en este sentido, creo que es muy difícil.

En lo que se refiere al tema del silencio, el dirigente popular recordó que "no he encontrado un solo país en que en esta materia el silencio sea positivo por ninguna parte".

A su juicio, un silencio positivo en este ámbito podría implicar que el solicitante tuviera un derecho incondicional a obtener cualquier información.