El diputado del PP Pablo Matos, afirmó hoy que "está de sobra justificado y existen indicios muy racionales" de que el Decreto andaluz para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda "haya incurrido en inconstitucionalidad".
En este sentido, Matos añadió que, una vez conocido el informe del Consejo de Estado, “el Gobierno estaba no sólo en su derecho, sino en su deber, de presentar el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado”.
En su intervención en la Diputación Permanente del Congreso que debatía la comparecencia del Ministro de Economía y Competitividad para que explicara el motivo del recurso, el diputado del PP defendió que “lo que ha hecho el Gobierno de la nación es recurrir ante el Tribunal Constitucional porque tiene dudas de la constitucionalidad de una norma”.
Así, recordó que “todos los días vemos el escándalo que se está produciendo en el Gobierno de Andalucía” y que “lo que ha hecho el PP simplemente, y en su legítimo derecho, es presentar un recurso de inconstitucionalidad, como hace cualquier Administración”.
“El Parlamento de Andalucía en los últimos años ha presentado nueve recursos de inconstitucionalidad frente a leyes de la Administración estatal y, en los últimos meses, el Gobierno andaluz ha recurrido tres leyes del Gobierno de la nación”, subrayó.
Por ello, Matos advirtió que “nadie entiende que digan que una administración autonómica gobernada por el PSOE o IU puede presentar los recursos de inconstitucionalidad que le plazca y cuando lo hace el Estado lo califiquen con las barbaridades con las que lo están calificando”.
LEY ANTIDESAHUCIOS DEL PP
Pablo Matos destacó con la norma aprobada por el Gobierno del PP “es la primera vez que una Ley obliga a las entidades financieras, en determinadas condiciones, a la reestructuración de la deuda, a una quita del 25% del capital pendiente”.
Además, indicó que con la misma, es la primera vez en la historia reciente de España que una ley le “permite al deudor hipotecario en determinadas circunstancias solicitar y obtener de la entidad financiera la dación en pago con cancelación total de la deuda y la posibilidad de seguir en la vivienda mediante un alquiler social”.
Asimismo, señaló que “es la primera vez en la historia reciente de España que una ley prohíbe el desalojo de la vivienda que constituye el hogar familiar como consecuencia de un procedimiento hipotecario de ciudadanos con dificultades económicas”.
Por último, Matos recordó que con la ley del PP “es la primera vez que el Gobierno de la nación constituye un fondo social de viviendas para alojar a las familias que hayan sido desalojadas de sus viviendas”.