El PP afirma que la farmacovigilancia "supone un avance en materia de medicamento y para la seguridad de los pacientes"

Durante el debate del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, incorporando al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre farmacovigilancia y prevención de la entrada de medicamentos falsificados, la portavoz del PP quiso felicitar al Gobierno y a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por esta iniciativa legislativa.

En este sentido, explicó que durante su trámite en el Senado se han incorporado enmiendas que, entre otros aspectos se refieren a “datos de los registros de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS), a la intermediación en la distribución de medicamentos, a conflicto de intereses, a la acreditación de los profesionales de enfermería y fisioterapia para la prescripción, a la clarificación de los medicamentos intercambiables o a la necesidad de normativa especifica para los biosimilares en lo relativo a su dispensación e intercambiabilidad”.

Para Rodríguez se trata de “una Ley sumamente importante” porque, entre otros aspectos, explicó, “insiste en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, introduciendo dispositivos de seguridad para garantizar la identificación, la autenticidad y la trazabilidad de los medicamentos desde su fabricación hasta el consumidor final”.

En este sentido, apuntó que “el incremento de los medicamentos falsificados, y su tráfico, ha aumentado de manera espectacular en los últimos años y es crucial tomar todas las medidas necesarias para la protección del paciente y de su salud, porque esos medicamentos falsos, al margen de no surtir efecto, pueden contener productos muy nocivos para la salud”.

“UNA LEY PARA ACLARAR RESPONSABILIDADES”
 

Además, “es una Ley que incide en el reforzamiento de la Farmacovigilancia porque un número importante de ingresos hospitalarios se debe a reacciones adversas, y es necesario tomar las medidas necesarias para asegurar el control sobre la salud pública y la seguridad del paciente” y, añadió, “para garantizar  que cualquier producto con un nivel de riesgo inaceptable pueda ser retirado rápidamente, y poder “aclarar las responsabilidades de todos los que forman parte del proceso de desarrollo y comercialización de un fármaco”.

“Es una Ley que refuerza las obligaciones de la industria en la farmacovigilancia, al tiempo que intenta involucrar tanto a pacientes como a los profesionales sanitarios en la notificación de las sospechas de reacciones adversas”, señaló la portavoz del PP quien aclaró que “la publicación de las decisiones sobre la seguridad de los medicamentos sea mucho más transparente, mejorando el acceso de todos  a la información disponible. Precisamente se trata de insistir en la farmacovigilancia proactiva, en anticiparnos a la aparición de efectos adversos y no en las actuaciones a posteriori”.

Para Rodríguez “es una Ley que actualiza también la Ley del 2006 en lo que se refiere al régimen de infracciones y las cuantías de las tasas para la tramitación de autorizaciones, renovaciones de medicamentos, etc, para inspecciones, evaluaciones científicas”.

“Se trata de actualizar y adaptar unas tasas del 2006, subiendo unas, bajando otras, pero,  además, manteniéndolas muy por debajo de la media que existe en los países de nuestro entorno” aseguró la dirigente popular. 

En opinión de la diputada del PP “esta Ley mejora otros aspectos muy importantes en el campo del medicamento, en la seguridad de su uso y en la equidad en su acceso”.

En este sentido, la portavoz del PP recordó que desde el Grupo Socialista se ha dicho que el objetivo de la Ley es atacar la subasta andaluza del medicamento. Así Rodriguez aseveró que “esta es una Ley que, entre otros muchos aspectos clarifica las cuestiones relativas a los biosimilares y a los equivalentes terapéuticos, pensando en la seguridad del paciente”.

A este respecto, Felicidad Rodríguez quiso agradecer a los grupos parlamentarios de CiU y UPyD las enmiendas transaccionales que han mejorado la redacción clarificando su uso.

Asimismo, la portavoz popular aclaró que la Ley “también clarifica las competencias respectivas del Gobierno y Comunidades Autónomas en la gestión del medicamento para evitar los conflictos competenciales y, sobre todo, para reforzar la equidad en el acceso al medicamento, también para los andaluces”.

La dirigente del PP quiso resaltar los avances tan importantes que el Ministerio ha llevado a cabo en este año y medio en materia farmacéutica y sanitaria, “Un trabajo, aseguró, que está orientado a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y que ha demostrado que se puede ser eficaz en la gestión de los recursos y que se puede ahorrar al mismo tiempo asegurar la calidad de los servicios”.

“Un trabajo que ha permitido ser más justos en las aportaciones farmaceúticas, liberando a los parados de larga duración y a los colectivos más desfavorecidos de un copago que era injusto e incluyendo en el sistema a muchas personas que antes estaban excluidas” afirmó la portavoz del PP, quien quiso agradecer todas las aportaciones que se han hecho en el trámite de esta Ley, y reiteró la necesidad de avanzar en el trabajo conjunto por el bien de los pacientes y de la sostenibilidad de nuestro sistema.