Ignacio Cosidó ha puesto de manifiesto que "los grupos del crimen organizado activos en nuestro país se han casi duplicado desde 2004, resultan cada vez más violentos, y tienen cada vez más proyección internacional".
Cosidó ha argumentado que España es el principal importador de criminalidad organizada de la Unión Europea y que a su vez los grupos atentados en España exportan su actividad criminal a 66 países.
Respecto al tráfico de drogas, principal negocio del crimen organizado, Cosidó ha resaltado que España sigue siendo la principal puesta de entrada de cocaína y hachís para toda Europa y alertó contra "la disminución de las incautaciones de droga, al mismo tiempo que aumenta el consumo hasta situarnos como el segundo consumidor de estupefacientes de la Unión Europea tras Reino Unido".
El portavoz del PP ha situado también a España como el principal receptor de inmigración ilegal, con casi dos millones de inmigrantes ilegales llegados desde que gobierna Zapatero, y puso de manifiesto el aumento del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual.
En este sentido, Cosidó ha destacado que la prostitución se está convirtiendo en uno de los negocios principales del crimen organizado en España, con una cifra estimada de 300.000 mujeres dedicadas a esta actividad, el 90% extranjeras, y unos ingresos de más de diez mil millones de euros. Junto a ello, el diputado popular destacó el tráfico de menores como uno de "los crímenes más inhumanos" que está aumentando en nuestro país.
Por último el portavoz del PP propuso un decálogo de medidas para impedir que este crimen organizado de segunda generación "arraigue en nuestro país" entre las que destacó la potenciación de la inteligencia tanto estratégica como táctica, el fortalecimiento de las unidades territoriales de investigación de delincuencia organizada, la creación de una ventanilla única de cooperación policial internacional en la Secretaría de Estado de Seguridad, la especialización judicial, una mayor conciencia social sobre esta amenaza, la cooperación con las instituciones de la sociedad civil implicadas y una prioridad presupuestaria en la lucha contra este fenómeno.
A propuesta del PP, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometió a elaborar una estrategia global de lucha contra este fenómeno y traerla al Parlamento.
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