El PP aboga por revisar y mejorar los contratos telefónicos para evitar abusos

Riolobos asegura que esta iniciativa pretende proteger a los consumidores y sensibilizar a los empresarios y empresas que practican este tipo de comercio

El Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a revisar, mejorar y reforzar las garantías de los contratos telefónicos y que permita evitar los abusos y posibles fraudes a los consumidores.

La portavoz de Consumo del GPP, Carmen Riolobos, ha indicado que "se trata de facilitar al consumidor, como garantía, la copia íntegra de cualquier acuerdo telefónico realizado y que ésta sea enviada de manera automática e inmediata al consumidor, ya sea vía fax, móvil, web o cualquier otro soporte". En su opinión, esto puede permitir al usuario disponer del contenido del contrato al momento y posteriormente formalizarlo con un documento firmado y darle validez legal.

En su intervención, Riolobos ha señalado que el contrato telefónico es una práctica muy habitual en la actualidad y las empresas se dirigen al consumidor vía telefónica para que éste contrate un producto por esta vía. "Esta práctica que a priori puede parecer ventajosa por su comodidad - ha afirmado -, puede convertirse en abuso de cara al consumidor porque se pueden llegar a acuerdos u ofertas que después no se llegan a cumplir o llegar a acuerdos que finalmente no son lo que en un principio se creía".

La senadora del PP ha señalado que sólo con la grabación de la voz, el consumidor y la empresa quedan formalmente vinculados, existiendo la posibilidad de cerrar un contrato de servicios como la línea de móvil ADSL, la luz y el gas exclusivamente a través del teléfono. "Los contratos telefónicos se han incrementado en los últimos años y presenta fallos en la protección a los consumidores", ha subrayado.

La portavoz popular ha expuesto que a veces y, a través de una llamada telefónica, atendida en muchas ocasiones por alguien que no es el titular de la línea y puede que sea un niño o anciano, se ofrece una oferta "chollo" e informa del producto de forma sesgada, escasa e interesada y, muchas veces, sin tener tiempo para reflexionar, el usuario contrata un servicio que al colgar el teléfono advierte que no sabe exactamente qué ha contratado y al final de mes encuentra un cargo mensual nuevo en su cuenta corriente.

Riolobos ha señalado que "esta iniciativa pretende proteger a los consumidores y sensibilizar a los empresarios y empresas que practican este tipo de comercio". Así, ha puesto de manifiesto que el comercio electrónico en España mueve 2.700 millones de euros al año y se celebran casi 27 millones de operaciones anuales por teléfono, lo que indica, en su opinión, que el comercio electrónico está teniendo un auge espectacular. "Esto, que puede ser una ventaja para los consumidores y para los usuarios, al final puede traducirse en abusos y fraudes sino se hacen de forma correcta", ha apostillado.

Asimismo, la senadora toledana ha afirmado que "en este momento por la voz y por la grabación que hace la empresa que nos ofrece el servicio, quedamos con un contrato de servicios de ADSL, telefonía móvil, luz, gas o seguros. Existen millones de contratos que se hacen al año y alguno puede ser fraudulento". Sólo en el 2011 - ha indicado -, y dentro de los sectores de las telecomunicaciones, los seguros y el agua hubo más de 300.00 reclamaciones de los usuarios a través de las asociaciones de consumidores y 85.000 reclamaciones a través de las juntas arbitrales de consumo.

Por último, Riolobos ha señalado que "el Gobierno del Partido Popular, a pesar de la gravísima crisis económica que ha enderezado, ha realizado en materia de consumo, un trabajo exhaustivo, serio y de una gran rigurosidad".

Así, ha recordado los últimos logros del Gobierno que ha puesto en marcha una Ley de protección de deudores hipotecarios que beneficia a los consumidores; una modificación de la Ley de protección a los consumidores y usuarios que está a punto de finalizar su trámite de enmiendas en el Congreso, y que es una trasposición de una directiva europea o la Ley de Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que beneficia a los consumidores, entre otras cosas. "Desde el Partido Popular entendemos que éste era el momento y la hora de presentar esta iniciativa", ha concluido.