Postigo: “El Gobierno lo tiene claro, para premiar a sus socios sediciosos y malversadores primero tiene que conseguir que la Justicia no sea independiente… y en ello está”

En su opinión, este Proyecto de Ley regulador de la protección de las personas para que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción se va a aprobar vía enmienda in voce y sin unanimidad. “Por primera vez en la historia de nuestra práctica parlamentaria, introducen nada menos que una ley orgánica para desarrollar un derecho fundamental en una Ley ordinaria, el recogido en el artículo 20 de la Constitución. Nada más y nada menos”, asevera

Para Postigo esta transposición a nuestro ordenamiento interno de una Directiva europea, y “en cuanto a su aplicación, explica, la Directiva sólo se refiere a la denuncia de infracciones penales, dejando a los Estados miembros la decisión de hacer extensiva la aplicación de las disposiciones nacionales a otros ámbitos”. “Como era de esperar, el Ejecutivo lo extiende al máximo, generando confusión cuando no injerencias, en las funciones que ya realizan los Servicios de Inspección de la Administración”, apunta

Acusa al Gobierno de no haber hecho “demasiado caso” a los informes que los órganos consultivos han hecho a esta Ley, y “la mejor prueba es que prácticamente el 80 por ciento de las enmiendas de mi Grupo recogían en su literalidad recomendaciones del Consejo de Estado no atendidas, y en otros casos eran traslación literal de la propia Directiva, a la vista de la confusa redacción que nos vino del Gobierno”

Destaca que de las 78 enmiendas que ha presentado el GPP “el Ejecutivo ha aceptado sólo una, que es puramente técnica”

El Grupo Popular apoya, “como no puede ser de otra manera”, que se cree un sistema de protección a los informantes de los casos de infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción”. De hecho, añade, “fue un gobierno del PP el que aprobó el mayor paquete de medidas para luchar contra la corrupción”

Para Postigo este dictamen “crea de facto una especia de Fiscalía de la Administración, que establece una obligación legal de aportar cualquier información o dato en procedimientos penales, sin control judicial de ningún tipo”

Afirma que “con este nuevo sistema, todos los denunciados tendrán la obligación legal de facilitar cualquier tipo de documentación o información que se les haya requerido, obviando que no se trata de un procedimiento penal y que el objetivo de la ley es la protección a los denunciantes ante posibles represalias”

De igual modo, remarca que “se crea la figura de los delegados de protección de datos en todas las empresas, cuando la Directiva no obliga a ello”. “Esto exigirá, que todas las PYMES de más de 50 trabajadores, cuenten con esta persona, siendo una obligación más y desproporcionada, para buena parte de nuestras PYMES, que ya de por sí están muy tocadas, casi hundidas”

Aclara que “no se prevé claramente la responsabilidad del informante en el supuesto de que la información denunciada no sea veraz y dañe la reputación de personas, organismos, instituciones o empresas”. “Además, se otorga la presunción de veracidad al informante cuando denuncie haber sido víctima de represalias, invirtiendo con ello la carga de la prueba, algo ajeno a nuestro ordenamiento”, sentencia

Alude a la creación de una Autoridad Administrativa Independiente propuesto para el sector, “órgano que tendrá un coste económico de 3,8 millones de euros anuales y adscrito funcionalmente”

El PP propone “una Oficina Independiente, similar a la Oficina de Conflictos, integrada por funcionarios, con mayor control del Parlamento y garantizando la absoluta imparcialidad y neutralidad en el tratamiento de las denuncias”, y, además, “más barato para el ciudadano, pues es nos ha rechazado de plano”

El pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, más pronto que tarde, les dirá bien alto con sus votos, que son ustedes el peor Gobierno de toda la democracia”, concluye