Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España

 Todas ellas son realistas y pueden acometerse de forma inmediata para conseguir cuatro objetivos prioritarios:

• Racionalización del gasto burocrático del Gobierno.
• Bajada de impuestos selectiva e inmediata.
• Rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles.
• Y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica.

1. ¿QUÉ PROPONEMOS?

Frente al dato registrado de crecimiento de PIB español en 2021 del 5,1%, la previsión inicial del Gobierno (reflejada en el Plan Presupuestario de 2021 – octubre de 2020-) era del 9,8%. El desvío es de 4,7 puntos porcentuales. El déficit en 2021 se sitúa en el 6,87% del PIB. Este elevado déficit se produce pese a que los ingresos se han incrementado en 61.458 millones de euros según declaraciones de la propia ministra de Hacienda. Desde principios del año de 2021 se viene observando un crecimiento de la inflación, que se ha agravado en 2022, registrándose ya en febrero de 2022 (anterior al inicio de la invasión de Ucrania) un crecimiento de la inflación anual del 7,6% y del 3% en el caso de la subyacente, y alarmante en marzo con un incremento anual del 9,8%.

Perspectivas 2022: La economía no ha recuperado aún ni el nivel de actividad ni de horas trabajadas previo al estallido de la pandemia. Los últimos datos del Banco de España estiman una reducción de casi un punto de la previsión de crecimiento para el año 2022 que quedaría en solo un 4,5%, una inflación del 7,5%, lo que implicaría que solo a finales del 2023 se recuperaría la pérdida de PIB derivada de la pandemia. Desde hace tiempo ya el principal obstáculo para la mejora de la economía, para el progreso y bienestar de los españoles es el de una política económica que no genera confianza.

Ante este contexto, estas son nuestras medidas:

2. MEDIDAS FISCALES Y AYUDAS DIRECTAS

2.1 BAJADA DE IMPUESTOS

    2.1.1 IRPF

A) Deflactar la tarifa del IRPF

Esta medida debería aplicarse de inmediato mediante una revisión de las retenciones, y por tanto tendría un impacto directo en la reducción de la tarifa en las rentas del trabajo y revisión de los tipos de retención para profesiones sometidos a la misma. Se podría estudiar una nueva tarifa, incluso deflactando tan solo los primeros tramos (hasta el tercer tramo de la tarifa que llega hasta bases liquidables de 40.000 euros aproximadamente, lo que provocaría un aumento de la progresividad), de manera que se beneficien especialmente a las personas con menor renta.

B) Nueva figura en el mínimo personal y familiar

Establecer una nueva figura en el mínimo personal y familiar especifico y temporal, aplicando un mecanismo similar al establecido en el artículo 20 de la LIRPF (Reducción por obtención de rendimientos del trabajo), que decrezca conforme aumente las rentas del ciudadano.

Con este incremento de mínimos también se reduciría el porcentaje de las retenciones aplicables para que tuviese una traslación inmediata a la nómina mensual.

C) Retenciones

Se ajusten y adapten las retenciones en IRPF desde el 1 de enero con efecto retroactivo, de esta forma se traslada de manera inmediata estas medidas a la nómina.  

D) Impuesto negativo

Articulado como pago anticipado para personas especialmente desprotegidas por el incremento del IPC para las rentas del trabajo y de actividades económicas más bajas sobre las que no hay obligación de retener, y coordinado con las ayudas que se puedan recibir desde el Ingreso Mínimo Vital o desde el Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico, así como del resto de prestaciones sociales que se prestan desde CCAA y Ayuntamientos.

Plantear una deducción máxima específica aplicable sobre la cuota diferencial del impuesto entre 200 y 300 euros anuales para estos contribuyentes, una deducción en cuota, que podrán obtenerla de forma anticipada (similar a la deducción por maternidad o la deducción por familias numerosas o personas con discapacidad a cargo).

E) Reducción de módulos y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes

    2.1.2 IMPUESTO DE SOCIEDADES

Libertad de amortización para inversiones en eficiencia energética.

    2.1.3 IVA E IMPUESTOS ESPECIALES

Reducir la carga impositiva de los tributos indirectos del IVA e Impuestos Especiales que gravan el consumo energético. Con ello se pretenden dos efectos:

• Liberar recursos en la economía familiar y de las empresas.
• Contribuir a la simplificación y la eficiencia al ahorrar costes de gestión, habida cuenta que sobre este tipo de imposición se vienen realizando bonificaciones y subvenciones que complican la gestión, añaden carga burocrática para la administración, las empresas y los consumidores.

Ofrecemos por tanto apoyo Parlamentario para la transposición inmediata de esta Directiva con el compromiso de utilizarla para bajar la fiscalidad del IVA en la energía eléctrica y el gas natural.

a) Reducción del tipo impositivo del IVA sobre la energía eléctrica y del gas natural por debajo del 10%.

b) Impuesto Especial de Hidrocarburos.

El Gobierno central tiene margen para rebajar los tipos (sin necesidad de solicitar a la Comisión Europea) del gasóleo para usos especiales de 0,096 a 0,021 euros por litro que utilizan los agricultores. En el caso de los transportistas, que ya tributan al mínimo europeo de 0,33 euros por litro de gasóleo de uso profesional, se debe solicitar a la Comisión Europea una excepcionalidad para poder rebajar este tipo mínimo.

    2.1.4  Reducción del IRPF mediante la adaptación y deflactación de las tarifas y tipos impositivos en los impuestos personales, a todos los contribuyentes hasta el tercer tramo de la escala (afecta al 80% de los contribuyentes).

2.2 AYUDAS DIRECTAS A EMPRESAS Y SECTORES

• Ayudas directas aplicando sistemas mucho más simplificados, mediante la sustitución del mecanismo de las ayudas y las subvenciones por incentivos fiscales e impuestos negativos y créditos fiscales monetizables.
• Reutilizar los fondos el Real Decreto Ley 5/2021 de solvencia empresarial. Este decreto que dotaba subvenciones por 7.000 millones de euros se ha inejecutado en una gran parte por los errores de diseño y la complejidad de los requisitos tal y como avisamos las CCAA desde el primer momento. 

Desde el Ministerio Asuntos Económicos aún no se ha dado trasparencia a las cantidades que se han dejado sin ejecutar pues la información recibida sobre la gestión alcanzada en las comunidades autónomas no se comparte ni con el Parlamento ni con la opinión pública, temiéndose que no se haya cubierto una parte importante que desconocemos, por lo que se precisa transparencia.

3. MEJORA DE LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

• Potenciar la AIREF como órgano de evaluación del gasto público.
• Transparentar la estrategia de consolidación que el Gobierno central tenga previsto acometer de manera acorde con las orientaciones presupuestarias que determine la UE sobre los Pactos de Estabilidad y Crecimiento.
• Reducción de Ministerios, altos cargos y asesores.
• Diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales.

4. NEXT GENERATION

4.1. DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS MRR

El sistema de despliegue del Plan de Recuperación y Resiliencia implantado unilateralmente por el Gobierno de España no está funcionando y ha impedido ya que el Mecanismo funcionara como política de estímulo para impulsar una recuperación rápida. Los complejos procedimientos administrativos de licitación de contratos y convocatorias de subvenciones están provocando una lenta traslación al tejido productivo de los fondos europeos y una inejecución inaceptable pasados dos años del inicio de la crisis del COVID vista la situación por la que atraviesan hogares y empresas. Esta situación se podría agravar con la ampliación de la asignación de fondos a España que se realizará el 30 de julio (al menos 4.000 millones adicionales de transferencias no reembolsables), una vez conocidos los datos definitivos de cierre del PIB de 2021, así como con la asignación de hasta 84.000 millones de euros adicionales en concepto de préstamos.

4.2 USO DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS FISCALES

Proponemos una reducción de impuestos a las familias financiada con cargo al aumento de recaudación provocada por el extraordinario aumento de precios, aunque podrían existir vías complementarias de actuación sin coste para la Hacienda Pública Española, como es la Financiación Europea ya sea a cargo de los fondos NEXT GENERATION o incluso los fondos del Programa Plurirregional del marco 2014-2020 que gestiona la Administración Central

4.3. USO DE INCENTIVOS FISCALES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN: ESPAÑA VS. OTROS PAÍSES

España no ha hecho uso de incentivos fiscales en la ejecución de sus principales inversiones de su Plan de Recuperación, a excepción de la inversión 1 del Componente 2, dedicada a rehabilitación de vivienda y regulada en el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ello deriva de una decisión propia del país que, por otra parte, contrasta con el hecho de que este mecanismo sí se usa con regularidad en muchos otros grandes Planes de Recuperación como es el caso de, por ejemplo, Francia o Italia.

No existe, en consecuencia, ninguna limitación expresa al uso de incentivos fiscales como instrumento de canalización de inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sino que, al contrario, esta fórmula es recomendable por su eficacia y la Comisión Europea anima a su uso.

5. SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS

La excesiva regulación de la actividad de los operadores económicos es un lastre que afecta a la economía, y que resta eficiencia tanto a las empresas como a las propias Administraciones públicas a la hora de prestar los servicios públicos a los ciudadanos. Por ello, desde organismos internacionales, como la OCDE, e instituciones de la Unión Europea, se viene insistiendo en la realización de reformas, en gran medida, centradas en la simplificación administrativa y en la mejora de la regulación como un factor necesario para la generación de empleo y riqueza.

1. Simplificación normativa.
2. Evaluación continua.
3. Trazabilidad.
4. Gobierno inteligente.
5. Fast track.

Sin minusvalorar la importante tarea que están desarrollando diversas comunidades como Andalucía, Galicia o Madrid, es necesario que las mismas sea coordinada e impulsada a nivel nacional por un órgano concreto de la Administración General del Estado, con rango, al menos, de dirección general, que se ubicaría en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Centro directivo asumiría y reforzaría las funciones de la actual Subdirección General de Mejora de la Regulación, Apoyo a la Empresa y Competencia y de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado; y se coordinaría con las CC. AA. mediante la red de puntos de contacto de unidad de mercado.

6. SOLUCIONES SOSTENIBLES A LOS DESEQUILIBRIOS ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La política energética del Gobierno adolece de una evaluación de su impacto estratégico. Esta política errónea nos ha llevado a ser dependientes de una única energía de respaldo, el gas, renunciando a otros activos que habrían dado más flexibilidad y soporte al sistema, y que habrían moderado la subida de precios, lo que demuestra la grave ausencia de evaluación estratégica del Gobierno.

Es necesario por tanto actuar en dos frentes: 1) Activar medidas de choque inmediatas que reduzcan el impacto de la subida del precio de la energía en los hogares y empresas, puesto que las propuestas por el gobierno son insuficientes; 2) tomar medidas eficaces para reducir esta vulnerabilidad en el medio y largo plazo.

La política que se adopte debe orientarse hacia los siguientes objetivos:

1. Seguridad energética.
2. Precio adecuado.
3. Cambio climático y sostenibilidad.

Soluciones:

• Las políticas que se hagan en España deben orientarse hacia el diseño de mecanismos para, en primer lugar, resistir las fluctuaciones volátiles del mercado de la energía y, en segundo lugar, entender el coste del proceso de la transición ecológica, que no será tan fácil como nos viene diciendo el Gobierno.
• Las fluctuaciones de precios en el mercado de la energía se han mitigado a través de reservas estratégicas, requisitos de niveles mínimos de inventario y subsidios para hogares y familias.

7. MATERIAS EN LAS QUE SE PUEDE AVANZAR HACIA UN ACUERDO INMEDIATO

En materia concursal:

• Es necesario adoptar medidas que doten de seguridad jurídica al empresario cuya situación financiera no se recuperó completamente tras el COVID y que se puede ver comprometida con el escenario de incertidumbre actual.
• Transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132: el plazo de transposición finalizó el 14/07/2021.

En materia fiscal:

• Transposición de la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido.
• Vinculado a la modificación de la LIVA podría arbitrarse una solución específica para la tributación en IVA de la electricidad (pasando su gravamen del 10% al 5%, en los mismos casos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua).
• En general, en materia de transposición de Directivas es importante buscar consensos. En particular, es preocupante la situación de 36 Directivas respecto de las cuales ha finalizado ya el plazo de transposición. Sería necesario conocer cuál es el listado de esas Directivas y marcar prioridades según su temática.

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