Pepa Pardo rechaza que sea el Fiscal ‘filtrador’ quien elija “a dedo” al titular de la Unidad de Protección de Datos

La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, Pepa Pardo, muestra su rechazo a que sea el Fiscal General del Estado, “el fiscal filtrador”, quien elija “a dedo” al titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos, al tiempo que denuncia “el asalto” a las instituciones. 

Durante la toma en consideración de la Proposición de Ley del PP de modificación de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Pepa Pardo critica la “defectuosa” Ley de medidas de eficiencia en materia del Servicio Público de Justicia porque “en vez de modernizar la Justicia la va a colapsar”. 

Así, asegura que también “es contraria tanto a la normativa europea en materia de protección de datos, como a la interna”, ya que ambas exigen la existencia de una autoridad independiente. “La unidad de Supervisión y Control nunca fue creada, incumpliendo durante cuatro años la normativa, porque no contaba con el beneplácito del Fiscal Borrador”.

Pardo pone de relieve los antecedentes de García Ortiz: “Primer Fiscal General de la historia imputado por presuntamente filtrar datos privados de un particular; que borra las pruebas de los presuntos delitos por los que se le investiga; que no colabora con la investigación judicial; y que amenaza a la oposición desde los platós de televisión”.

“Ustedes están llevando a cabo la mayor transformación de la Justicia en décadas, pero no para hacerla más moderna y accesible, sino para generar impunidad a la carta y convertirla en moneda de cambio para mantenerse en el poder. La tratan como un trozo de pastel que reparten entre sus socios a cambio del poder”, afirma la senadora del PP dirigiéndose a la bancada socialista. 

Asegura que la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia es “una clara muestra del deterioro legislativo” de este Gobierno, tras lo que resalta el reciente informe del Banco Mundial, que sitúa todos los indicadores de calidad democrática en España en “un retroceso galopante. 

Además, Pardo resalta que dicho informe sólo recoge los datos hasta diciembre de 2023. “Imagínense si llega a tener en cuenta todas las tropelías legislativas llevadas a cabo en el 2024 por el Gobierno del fango y hundido en el lodazal de la corrupción y los prostíbulos”, les dice a los senadores socialistas. 

Durante su intervención, la portavoz de Justicia del GPP remarca que la Proposición de Ley del PP “trata de revertir que se dote de mayor poder al Fiscal General, al ministro 23 de Sánchez, dándole el control de algo tan sensible como es la protección de datos personales que obran en poder del Ministerio Fiscal”. 

Así mismo, Pepa Pardo subraya que “Bolaños ha hecho una reforma a la carta de los caprichos del presunto filtrador, que no son otros que los del número ‘UNO’. García Ortiz quiere tener bajo su dominio los datos personales jurisdiccionales de todos los españoles, el sueño de todo filtrador”.

INSTITUCIONES COLONIZADAS POR SÁNCHEZ

En el turno de portavoces, el senador del PP por Cantabria, Severiano Cuesta, hace un repaso de todas las instituciones y entidades públicas “colonizadas” por Sánchez, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, SEPI, RENFE, Correos, AENA, Red Eléctrica, Paradores, entre otras.

Destaca “las fuertes críticas” que genera la Ley de Eficiencia entre jueces, abogados y operadores jurídicos, tras lo que tacha de “impresionante” que el Gobierno pretenda “un cambio radical de nuestro sistema judicial a coste cero. Pretender mejorar el servicio de Justicia de nuestro país sin inversión es como hacer pan sin harina”, ironiza Severiano Cuesta.

Afirma que dicha Ley supone “un ataque a la independencia de la Fiscalía” y reprocha a los socialistas que “aprueben leyes para controlar las instituciones del Estado para venderlas al separatismo que les mantiene en el poder”. 

El senador del PP denuncia que “las 17 leyes Feijóo aprobadas en esta Cámara” estén guardadas en “un cajón del despacho de la señora Armengol en el Congreso de los Diputados “cuando son necesarias para los españoles”. 

Para finalizar, Severiano Cuesta pone en valor la Proposición de Ley presentada por el PP “en defensa de nuestro estado de Derecho y que pretende que el fiscal delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal sea nombrado de manera independiente”.