Pedimos eliminar la prohibición del cercenamiento de las aletas de tiburón en toda la flota comunitaria

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado hoy una Proposición no de Ley del GPP por la que se insta al Gobierno a extender la prohibición del corte de las aletas de escualos a bordo, también a las flotas de terceros países, y en su defecto, proponer a la Comisión Europea medidas de flexibilización de la reglamentación comunitaria de la prohibición de ésta práctica.

El portavoz popular del GPP, Joaquín García Díez, ha precisado en el momento de su defensa que en la UE no existe, ni existió la práctica del finning (consistente en cortar las aletas de los tiburones y tirar el cuerpo al mar), pero que desgraciadamente ésta es una fórmula que sí se viene practicando por las flotas de palangres asiáticas, las flotas artesanales de países ACP (Asia-Caribe-Pacífico) e incluso en flotas de Nueva Zelanda.

García Díez ha destacado que ha sido la propia organización CEPESCA la que ha venido manifestando su total oposición a la práctica del finning, entre otras razones porque de un tiburón se aprovecha todo, cartílagos, aletas, carne, piel y hasta el hígado, alcanzando del valor de un tiburón entre el 50 y 55% su cuerpo y entre el 45 y 50% las aletas.

El diputado popular gallego ha subrayado la importancia de la flota palangrera española, que son unos 170 barcos autorizados a realizar esta pesquería, que genera unos 2.500 puestos de trabajo directos, principalmente en la Comunidad autónoma de Galicia.

Según ha asegurado, “la prohibición del cercenamiento de las aletas de tiburón a bordo está suponiendo un perjuicio claro para nuestros pescadores valorado por el sector en unos 14 millones de euros”. En opinión de García Díez, esta situación es debida a una competencia desleal que ejerce la flota de países competidores respecto a la flota comunitaria, una disminución de la calidad y el precio de los cuerpos yaletas y a un incremento de los costes de producción.

El portavoz popular de Pesca entiende que la prohibición del corte de las aletas de tiburón no solamente tiene incidencia económica, sino también ambiental y social, al concentrarse la flota en determinadas zonas geográficas próximas a la costa, abandonando las zonas tradicionales de mar abierto. Y añade, además, que “supone un peligro la manipulación de los tiburones congelados con las aletas adheridas, por actuar éstas como cuchillos”.

España, que ha venido planteando la extensión de ésta prohibición en las organizaciones regionales de pesca, ha visto cómo la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental (NEAFC) la implantó para las flotas de los países contratantes, (Islandia, las Feroe, Dinamarca (por Groenlandia), Noruega y Rusia.

Este mismo planteamiento fue llevado a la Conferencia Internacional para la Conservación del Atún atlántico (ICCAT), celebrada el pasado mes de noviembre, y no fue aprobada, por lo que el GPP, por boca del diputado gallego Joaquín García Díez, considera que la UE debe eliminar la prohibición del cercenamiento de las aletas de tiburón de la flota comunitaria.

García Díez cree que con esta iniciativa se respaldan las preocupaciones de los palangreros españoles, recogidas en la última reunión mantenida el pasado mes de mayo por el portavoz del GPP con las dos principales organizaciones, Espaderos Guardeses y ORPAGU, ambas con puerto base en A Guarda (Pontevedra).  El objetivo de esta Proposición no de Ley es reforzar la posición que siempre ha mantenido el Gobierno español ante las instancias comunitarias.