La Comisión Nacional de Discapacidad del Partido Popular quiere proponer el establecimiento de un Pacto Europeo por la Discapacidad. El diputado por Toledo y portavoz de la Comisión de Discapacidad en el Congreso, Francisco Vañó, y la diputada por Valencia y portavoz adjunta, Inmaculada Bañuls, junto con la eurodiputada balear Rosa Estarà s, acordaron una serie de iniciativas en este sentido en una reunión celebrada esta semana en el Congreso de los Diputados.
La propuesta de este Pacto tiene como principal objetivo establecer un marco para las políticas europeas dirigido a promover los derechos de las personas con discapacidad e impulsar la coordinación entre los estados miembros y las instituciones de la UE, especialmente la Comisión Europea y el Parlamento.
Durante la reunión, en la que se acordó que la europarlamentaria Rosa Estaràs entre a formar parte de la Comisión Nacional de Discapacidad del PP como principal responsable de asuntos europeos, se abordó la Nueva Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020 y la Convención de Naciones Unidas referente a esta materia.
La Convención de Naciones Unidas representa un cambio de paradigma en las actitudes y enfoques hacia las personas con discapacidad, que dejan de ser tratadas como objetos de la caridad, y pasan a ser sujetos con derechos, capaces de reclamarlos y de tomar decisiones.
En cuanto a la Estrategia Europea de Discapacidad, se centra en la eliminación de barreras y su principal finalidad es capacitar a las personas con discapacidad para beneficiarse plenamente de la participación en la sociedad y en la economía europea, especialmente a través del Mercado Único, además de garantizar la efectiva y coherente aplicación de la Convención de las Naciones Unidas en toda la UE.
Propuesta del PP
Entre las propuestas de la Comisión Nacional de Discapacidad del PP se encuentran la promoción y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre los estados miembros, la aprobación de una Directiva para crear una legislación comunitaria que proteja de la discriminación, la creación de una Agencia de Enfermedades Raras o la aprobación de un Plan de Acción Europeo para que todos los edificios de las instituciones de la UE sean accesibles en 2011 y para que se logre una Europa sin barreras en 2020.
Igualmente, el Partido Popular propondrá la priorización de los Fondos Estructurales Europeos a las acciones orientadas a impulsar los derechos de las personas con discapacidad, establecer un Código Europeo de Buenas Prácticas y crear una Comisión Específica de Discapacidad que atienda los problemas de los 50 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad en Europa.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Discapacidad del Partido Popular ha sugerido plantear una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en el Parlamento Europeo con el fin de impulsar la variable de discapacidad en la figura europea de Encuesta de Población Activa, así como la publicación periódica de datos actualizados de empleo para personas con discapacidad.
En la misma línea, ha propuesto otra PNL que tiene como objetivo instar a que se contemplen las necesidades de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia y desastres naturales, otra para la adaptación paulatina de los billetes de euro al sistema Braille, además de una relativa a unificar los requisitos de solicitud y expedición de los permisos de circulación para personas con movilidad reducida en el seno de la UE.
Para ello, mantendrán un encuentro en Bruselas con el Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo y con su presidente, el húngaro Adam Kosa, con el propósito de hacer llegar sus sugerencias a la vicepresidenta de la Comisión Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reading.
El próximo 20 de abril la Comisión Nacional de Discapacidad del PP se reunirá con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luís Cayo-Pérez Bueno, y próximamente lo harán con la Red Europea de Vida Independiente (ENIL) y la Fundación ONCE.
El Congreso garantiza el derecho de participación política de las personas con discapacidad