Paniagua afirma que la nueva Autoridad de defensa del cliente bancario es una “oportunidad perdida” para combatir el problema de exclusión y educación financiera de los ciudadanos

Lamenta que esta figura sea otro modelo más de gestión de la educación financiera que no obtendrá los resultados necesarios. En este sentido, añade que la Autoridad debe ser la responsable de solucionar las dificultades relacionadas con los conocimientos financieros de nuestros ciudadanos “y no una pieza más, como aparece en este proyecto de ley” 

Tras criticar la urgencia del Gobierno, muestra su preocupación sobre la financiación de la Autoridad de defensa del cliente bancario y el funcionamiento de la tasa que debe pagar la entidad financiera contra la que se reclame: “¿Dónde se ha visto que la tasa la pague el reclamado sí o sí?” • Ante esto, aclara que “lo importante no es mantener el organismo, sino que los clientes estén protegidos, que haya libertad de contratación y que el sistema funcione lo mejor posible” 

“Tampoco entendemos por qué se permite utilizarlo a las grandes empresas, que no precisan esta facilidad, ni tampoco a las asociaciones de consumidores o colectivos”, resalta mientras explica que los clientes “no necesitan nada más con un método rápido, gratuito y vinculante”

“Aparece un riesgo real de dejar en manos de la industria del litigio este poder”, advierte 

Sobre los clientes potenciales, alerta de la inseguridad jurídica que se genera y reclama que se incluya a los solicitantes de las cuentas de pago básicas de forma explícita

Además, cuestiona el límite de 20.000 euros ya que, si fuera 1.000 euros, se cubrirían el 90 % de las reclamaciones actuales 

En lo que respecta a la ampliación de los elementos objetivos, señala que se cubrirá la posibilidad de interponer reclamaciones sobre las normas de conducta y las buenas prácticas financieras: “Pero son normas sobre las que es voluntario adherirse y sobre conceptos un poco etéreos para generar la suficiente seguridad jurídica” 

Del mismo modo, destaca que las indefiniciones también fomentarán la judicialización y evidencia contradicciones en el diseño de esta nueva figura, como la que permite que haya dos vías judiciales de reclamación, la contencioso-administrativa y la civil. “Esto va a generar muchos problemas”, sentencia