Paloma Martín afirma que las movilizaciones son “la única solución” que le queda al campo porque los agricultores “tampoco se fían” del Gobierno

En una entrevista en el programa Capital Intereconomía

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y responsable de Agricultura del PP acusa al Gobierno de “ni escuchar, ni dialogar, ni buscar soluciones”, y critica “el desprecio” con el que trata a las personas que viven del sector primario

Considera que la agricultura y la ganadería precisan “reformas profundas” para combatir la crisis y aboga por un plan global para el campo “consensuado con el sector y las comunidades autónomas”.

Sobre las medidas prometidas por el ministro Luis Planas a las organizaciones agraria, señala que “vuelve a equivocarse” y añade que “son insuficientes y además la mayoría de las propuestas dependen de Bruselas”.

Critica que acciones de plena competencia del Gobierno, “que podrían ejecutarlas con carácter inmediato”, como la gestión del agua, la reducción del IVA de productos esenciales como la carne y los lácteos, o la carne y las conservas, o la suspensión del impuesto al plástico, “no dicen ni una palabra”.

Sostiene que el PP está “al lado” de los agricultores y ganaderos españoles y argumenta que “somos un partido eminentemente rural, y por eso sabemos de los problemas reales que vive el campo”.

Recuerda que los consejeros de Agricultura de las comunidades donde gobierna el PP han exigido una “moratoria inmediata” de las imposiciones burocráticas de Bruselas y “otra PAC” que atienda a las necesidades reales del sector.

Señala que el PP también aboga por un sector primario “sostenible”, pero matiza que las discrepancias se enmarcan en “cómo realizarlo”, porque hay que conjugar “las criterios medioambientales con las necesidades socioeconómicas de las personas que viven del campo y además lo cuidan”.

Respecto a los fitosanitarios, acusa al Gobierno de aplicar más exigencias y penalizaciones que nuestros vecinos europeos, y pone como ejemplo que “mientras en otros países, ante excepcionalidades como plagas se conceden 80 autorizaciones, en España no llegamos a 30, y esto tiene efectos directos sobre nuestra competitividad”.