La portavoz en Bruselas califica la iniciativa anti ocupación presentada por el PP en el Congreso de “muy necesaria” ante “las continuas violaciones del derecho a la propiedad que sufren los ciudadanos en nuestro país, llevándoles en muchos de los casos a situaciones límite y realmente dramáticas”.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido una vez más en Bruselas que la Unión Europea inste al presidente Pedro Sánchez a proteger la propiedad privada con medidas concretas y efectivas frente a las mafias de ocupación ilegal de viviendas que están actuando en España, un fenómeno que ha aumentado por 7 en los últimos años y que hasta septiembre del año pasado había crecido hasta un 18% en nuestro país.
Lo ha hecho después de que el Partido Popular haya presentado su iniciativa en el Congreso de los Diputados para luchar contra este problema, que Montserrat ha calificado de “muy necesaria” ante “las continuas violaciones del derecho a la propiedad que sufren los ciudadanos en nuestro país, llevándoles en muchos de los casos a situaciones límite y realmente dramáticas”.
La portavoz del PP es también presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que instó este mes de abril a la Comisión Europea a investigar la ocupación ilegal de viviendas en España, por lo que Montserrat espera poder conocer a la mayor brevedad el resultado de esta investigación del Ejecutivo Comunitario.
“Es una cuestión de justicia social proteger la propiedad privada de las ocupaciones y Sánchez tiene la gran oportunidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan aprobando esta propuesta del PP de ley anti ocupación. O se está con los españoles propietarios de viviendas y arrendatarios que cumplen la ley o se está con los ocupas. Tiene que elegir”, ha declarado Montserrat.
La portavoz ha insistido en que “la delincuencia y las mafias de la ocupación no pueden campar a sus anchas mientras los ciudadanos viven con miedo al ver que pueden acabar con sus casas y con toda una vida de esfuerzos y sacrificios”.
“De lo que se trata es de dar seguridad jurídica a todo el que invierte su patrimonio y su trabajo de muchos años en una propiedad. En definitiva, de garantizar el Estado de Derecho, que es la base de nuestra democracia”, ha concluido.