La portavoz del PP advierte ante la Comisión Europea que “un Gobierno nacional de la UE no puede utilizar su poder para beneficiar a condenados de una trama de corrupción, en la que se defraudaron más de 650 millones de euros, por ser de su misma formación política”.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado en Bruselas que el Gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez está tramitando los indultos a los condenados por el caso de los ERE de Andalucía.
Ha sido en una pregunta parlamentaria, en la que Montserrat ha advertido que “el Gobierno en funciones, que además preside actualmente el Consejo de la UE, ha iniciado los trámites para conceder un indulto a los condenados por este caso de corrupción, que pertenecen al partido del actual gobierno”.
Montserrat ha subrayado que “la UE no puede permitir que un gobierno nacional rebaje el delito de malversación y acabe indultando a los condenados por el mayor caso de corrupción política en España, mientras a nivel europeo se defiende endurecer las penas por corrupción”.
“Sánchez llegó al poder abanderando la anticorrupción y ha acabado rebajando el delito que la penaliza, indultando a condenados por malversación el 1 de octubre y abriendo la puerta a hacer lo mismo con los condenados de los ERE”, ha declarado Montserrat.
“El PP no se quedará de brazos cruzados”
La portavoz ha asegurado que, ante estas acciones de Sánchez, “el PP no se quedará de brazos cruzados y lo denunciará en Europa las veces que haga falta”.
“Un Gobierno nacional de la UE no puede utilizar su poder para beneficiar a condenados de una trama de corrupción, en la que se defraudaron más de 650 millones de euros, por ser de su misma formación política”, ha subrayado.
Por ello, Montserrat ha pedido a la Comisión una valoración sobre esta tramitación, en concreto si se ajusta a las medidas de lucha anticorrupción que se van a aprobar en el nuevo paquete legislativo.
Además, la exministra quiere saber si el Ejecutivo Comunitario considera que la concesión de indultos en este ámbito puede chocar con los objetivos de la UE en la lucha contra la corrupción.