Titulares:
La portavoz de Agricultura del GPP denuncia que el Gobierno haya pagado con “ninguneo, descrédito y degradación pública, incluso en documentos oficiales como
en el BOE, el esfuerzo de agricultores, ganaderos, pescadores y gente del mar” para garantizar el abastecimiento en los hogares durante el estado de alarma.
Denuncia que “las soluciones” que el sector necesita “ni están ni se las espera”, e insta al ministro a que, tras la nueva prórroga del estado de alarma, utilice “el
autoritarismo” en favor de la agricultura. “Impóngase y dé soluciones”, le exige.
Afirma que “el autoritarismo y la falta de diálogo” del Ejecutivo con el sector, con las comunidades y con los grupos parlamentarios son “una constante”, que se suman a “las rectificaciones permanentes” del Gobierno por no escuchar “a los que queremos ayudar” y que derivan “en errores que al final pagan y pagamos todos”.
Subraya que el Gobierno no es escuchado en Bruselas, donde se negocia la PAC, y lamenta que “solo” Planas avalara “la ridícula cifra” de 80 millones propuesta por la Comisión para toda Europa, que deja sin ayudas urgentes “al vino, al aceite, a la flor cortada, a los quesos, a los lácteos o la ganadería”.
Advierte de que “si el desarrollo rural se deja sin fondos, simple y llanamente no habrá desarrollo rural”, porque “problemas” como la despoblación no desaparecen.
Recalca que “las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales y fondos excepcionales, aquí y en Bruselas”, y exige al Gobierno que no use la PAC
para “amortiguar” los efectos del coronavirus.
Urge al ministro a adoptar medidas para encontrar 150.000 temporeros que garanticen la mano de obra que exige el sector para recoger la cosecha: “A pesar de
los más de 6 millones de parados no les dan ninguna solución”.
“En ningún país hay tanto paro ni tanta falta de mano de obra como en España; todos tienen test, y ninguno un partido socialcomunista gobernando”.
Denuncia la falta de protección para los trabajadores, los problemas de movilidad, “y el caos absurdo con los huertos o el desastre del mando único sanitario en Binéfar”.
Acusa al Gobierno de haber fomentado, “negligencia tras negligencia”, el descrédito y la degradación pública del sector: rebajaron el rango de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que pasa a depender del ‘Ministerio del juego’; la ministra de Trabajo dice que el PER es una nueva ayuda para resolver la pandemia y su socio en Andalucía insta en medios internacionales a no comprar nuestros productos.
Propone que se acepten las enmiendas al Real Decreto-Ley de la cadena para que en el plazo de un mes esté realmente prohibida la venta a pérdidas y todos los
contratos cubran los costes de producción.
Pide que las estadísticas que se publiquen en la web de Moncloa se ajusten a la realidad del sector, como las pérdidas importantes del Canal Horeca que no
compensan los consumos en domicilio.