El senador del Grupo Popular denuncia el pacto del Gobierno con los independentistas catalanes para suprimir el castellano
El senador del Grupo Parlamentario Popular por A Coruña, Miguel Lorenzo, ha exigido a la ministra de Educación, durante la sesión de control al Gobierno, celebrada esta tarde en la Cámara Alta, que “sean valientes, rectifiquen, asuman sus propias competencias y fijen un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano”, al tiempo que le ha recriminado “su pacto” con los independentistas catalanes para suprimir el castellano como lengua oficial del estado y lengua vehicular en la enseñanza.
Miguel Lorenzo ha preguntado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por las razones del Gobierno para modificar el Proyecto de Ley de Educación (LOMLOE) y suprimir la mención al castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza.
Durante su intervención en el Pleno, el senador popular ha resaltado las graves consecuencias de este pacto en Cataluña, “donde el castellanohablante está atrapado entre una administración autonómica hostil y un Gobierno de España que los desampara”; tras lo cual ha recordado que el 25% garantizado de uso de castellano en las aulas desaparecerá, cuando se ha conseguido gracias a la lucha de muchos padres en los tribunales.
“La inmersión lingüística de ese nacionalismo abusón y excluyente será del 100%”, ha denunciado. Según ha explicado Miguel Lorenzo, “la administración catalana optará por dar al castellano el mismo tratamiento que a las lenguas extranjeras, condenando a miles de niños catalanes a un futuro con menos riqueza cultural y menos oportunidades profesionales y económicas”.
Además, el senador popular ha asegurado que existe una gran preocupación en la sociedad española y en la comunidad educativa con esta Ley, porque vulnera los principios básicos de la educación reconocidos en la Constitución, tanto el derecho a la educación, como la libertad de enseñanza.
“Su Ley, y digo su Ley porque es solo suya -le ha dicho a la ministra- cercena estos derechos, cuando limita los derechos de los padres a elegir el tipo de educación y el centro escolar que quieren para sus hijos, pone fecha de caducidad a la educación especializada y es un ataque frontal a la educación concertada”.
Miguel Lorenzo ha pedido a la ministra de Educación que “no se discrimine a las personas por el idioma; no caigamos en los errores del pasado, cuando se discriminaba a la gente por hablar en los idiomas propios” y ha resaltado que “ahora, dando un giro, se pretende hacer lo mismo por hablar en castellano”.
Así mismo, le ha reprochado a Celaá que “ustedes critican y se les llena la boca hablando de la educación pública, pero luego en su vida privada mandan a sus hijos a colegios concertados o incluso privados, lo que no deja de ser una hipocresía y una incoherencia, una más de los miembros de este Gobierno”.
“Rectifiquen, porque cuando lo hacen aciertan -ha insistido Lorenzo- no se gasten 55 millones de euros en más de 1.000 asesores colocados a dedo y escuchen a sus compañeros socialistas que han firmado manifiestos en contra de esta Ley, a la sociedad y a la comunidad educativa, que por primera vez se ve ha visto excluida”.
Por otra parte, Miguel Lorenzo ha puesto en valor el modelo de su Comunidad Autónoma, Galicia, “donde la lengua no es motivo de confrontación, donde tenemos un sistema equilibrado e integrador donde todos los alumnos acaban sus ciclos educativos con competencias y conocimientos en las dos lenguas”.
“Tenemos un modelo normalizado y avalado por sus propios resultados; donde el informe PISA habla de que Galicia es donde el alumnado habla las dos lenguas con más facilidad y más del 96% del alumnado afirma hablarlo ‘bastante bien’, por encima de todas las comunidades con lengua propia”, ha finalizado Miguel Lorenzo.
Documento en PDF - 178.77 Kb
El PP reclama una campaña institucional para fomentar el consumo de cultura
El PP pide el reconocimiento del derecho de justicia gratuita a los trabajadores autónomos