Miguel Ángel Jerez: “Esta norma tiene que devolverse porque lo ideológico prevalece sobre lo jurídico y lo científico”

• El diputado del GPP denuncia que la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, “pone la ideología por encima de las personas, la Ley y el Estado de derecho”

• Denuncia que la norma promueve la inseguridad jurídica, ya que deja enormes márgenes para la interpretación. Además se ha redactado desoyendo a los sectores tradicionales relacionados con los animales

• También critica al Gobierno por el procedimiento parlamentario para tramitar esta reforma, sin contar con informes de distintos organismos, como el Consejo de Estado o el CGPJ, que vienen a otorgar plena seguridad jurídica a la tarea del legislador

• Recuerda que en las anteriores modificaciones del Código Penal por la vía del proyecto de ley aprobadas en la última década cuentan con dichos estudios preceptivos

• Considera que la ausencia de informes demuestra “una falta absoluta de respeto hacia las instituciones propias del Estado, una indiferencia hacia el ordenamiento jurídico y una irresponsabilidad a la hora de legislar preservando el interés general”

• Reprocha al Ejecutivo que no haya escuchado a las 400.000 personas del campo que el pasado 20 de marzo se manifestaron contra esta norma. “No han querido recoger ninguna aportación de un colectivo social ampliamente afectado y que representa un sector de vital importancia para el mantenimiento de nuestro campo y la biodiversidad”, lamenta

• “La extensión de la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, sin excepciones de ningún tipo, pone en seria amenaza actividades cinegéticas como la caza y la pesca, entre otras”, advierte Jerez, quien subraya que “cualquier lesión o daño no imprudente hacia animales vertebrado será considerado delito”

• Pone como ejemplo de las consecuencias de esta ley que si un ganadero ve que un perro salvaje se está ensañando con sus ovejas e intenta defenderlas, su pena sería de 18 meses de cárcel